diciembre 12, 2024
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noviembre 4, 2016 | 103 vistas

BOGOTA, Colombia, noviembre 3 (AP)

La participación en política de las FARC es clave para lograr un nuevo acuerdo de paz, dijo este jueves uno de los negociadores del Gobierno colombiano.

“En ese punto es muy poco probable que haya modificaciones”, indicó telefónicamente a The Associated Press el senador Roy Barreras, miembro del equipo negociador.

El tema fue uno de los más polémicos en las reuniones entre el gobierno y los promotores del “No” al acuerdo de paz que triunfó en el plebiscito del 2 de octubre.

Barreras señaló que tras esos encuentros los negociadores llevarán a La Habana un paquete con más de 400 ajustes para tratarlos con la guerrilla y la encomienda de alcanzar un nuevo pacto en corto tiempo, como ha pedido el presidente Juan Manuel Santos.

Algunos negociadores tienen previsto regresar a la capital cubana el viernes mientras que otros permanecerán uno o dos días más en Bogotá por pedido de Santos.

De acuerdo con Barreras hay sugerencias que “parecen razonables, viables y que son importantes” pero advirtió que en el tema de la “elegibilidad” política de los rebeldes no se harían cambios a lo ya negociado.

Según el acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre tras una negociación de casi cuatro años, los rebeldes que entreguen sus armas y confiesen sus delitos evitarán cumplir penas de cárcel. A su vez las FARC obtendrán diez escaños en el Congreso hasta 2026 para facilitar su conversión en un movimiento político.

Pero los opositores al pacto cuestionan que los jefes guerrilleros involucrados en crímenes de lesa humanidad tengan vía libre para acceder a la vida política. Barreras subrayó que ese punto es parte de la columna vertebral de cualquier acuerdo de paz. “Esa pretensión de que dejen las armas y los metan a la cárcel, pues eso es decir ‘nosotros no queremos que haya proceso de paz’”, sostuvo el senador.

Barreras sostuvo, en cambio, que le parece “razonable” ponerle un plazo de tiempo al tribunal que castigará los crímenes de guerra, una demanda de los opositores.

El Gobierno, que no había previsto una derrota en el plebiscito, quiere alcanzar un nuevo acuerdo antes de fines de noviembre para luego blindarlo jurídicamente ya sea enviándolo al Congreso o convocando a una nueva consulta popular.

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