BEIJING, China, noviembre 7 (AP)
La cámara legislativa china aprobó este lunes una ley de ciberseguridad que, según activistas de derechos humanos, ajustará el control político sobre el Internet. Varias empresas extranjeras, por su parte, han señalado que podría impedir el acceso a los mercados tecnológicos chinos.
El Gobierno chino ha dicho que la ley es necesaria para prevenir la delincuencia y el terrorismo. El texto prohíbe también actividades dirigidas a “derrocar el sistema socialista”, una referencia a la oposición al monopolio del gobernante Partido Comunista sobre el poder.
Las autoridades chinas promueven el Internet para los negocios y la educación, pero tratan de bloquear el acceso a material que considera obsceno o subversivo. El país tiene 710 millones de usuarios de Internet, la cifra más alta del mundo, según datos oficiales.
La nueva ley aprobada por el Congreso Nacional del Pueblo obliga a las empresas a aplicar la censura e impone patrones de seguridad tecnológica. Ajusta los controles para el almacenamiento de datos de ciudadanos chinos.
Grupos de derechos humanos han afirmado que la medida estrechará los ya amplios controles sobre la expresión de la gente, mientras que una coalición de grupos empresariales advirtió en agosto que podría aislar a las empresas chinas de la economía global y limitar el acceso extranjero al mercado chino de tecnología de seguridad.
Grupos defensores de los derechos humanos dicen que amplía los controles sobre una sociedad en la cual el partido gobernante maneja la prensa y el Internet constituye uno de los escasos foros para que los individuos se expresen ante una gran audiencia.
“La nueva ley de ciberseguridad ajusta el control represivo de las autoridades sobre el Internet”, dijo Patrick Poon, un especialista en China de Amnistía Internacional, en un comunicado. “Avanza más que nunca en la codificación de prácticas abusivas, con desprecio casi total por las libertades de expresión e intimidad”.
Bajo la conducción del líder del partido Xi Jinping, se ha acrecentado la represión, y cientos de activistas por los derechos humanos y abogados han sido detenidos o interrogados.