diciembre 12, 2024
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noviembre 15, 2016 | 121 vistas

Clemente Zapata M.-

Una de las prioridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) es recuperar y reinsertar en la sociedad a todos aquellos menores que por algún motivo han delinquido y se encuentran en proceso de reintegración, en alguno de los cinco centros con que cuenta la autoridad para lograr este objetivo.

De acuerdo a la institución que encabeza Luis Felipe López Castro, y en atención a las normas que rigen el actuar con los menores, otrora llamados infractores, la meta es que los adolescentes no vuelvan a incurrir en esas actividades ilícitas.

Información proporcionada por la institución de seguridad en la entidad, los principales delitos por lo que se encuentran bajo tratamiento los menores de edad, son; atentados contra la seguridad de la comunidad y delitos contra servidores públicos; portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; narcomenudeo; secuestro, violación a la Ley Federal de Armas; violación y homicidio calificado, entre otros.

La SSPE cuenta con cinco Centros de Reintegración Social y Familiar del Adolescente, ubicados en los municipios de Nuevo Laredo; Reynosa; Matamoros, Güémez y Altamira, donde, de acuerdo al ilícito que hayan cometido, se determina si el o los menores deben enfrentar un proceso en internamiento o en externamiento.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un registro de 419 menores que se encuentran bajo tratamiento de los cuales, 363 son en externamiento y 56 en internamiento.

En el caso de los que son atendidos dentro de instalaciones de la institución 40 corresponden a infractores del fuero común y 16 del fuero federal, de esta cifra solo cinco son mujeres.

En el caso de externamiento (363), 319 corresponden al fuero común y el resto 44 al fuero federal, de los cuales solo 39 son mujeres.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad advirtió que se intensificarán las acciones coordinadas con autoridades educativas, a fin de implementar estrategias preventivas, para evitar que menores cometan actividades reñidas con la ley.

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