Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El Congreso del Estado solicitará la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en contra de nueve alcaldes, y algunos de sus colaboradores, quienes incluso podrían ser destituidos por no haber entregado el acta del proceso entrega-recepción de las nuevas administraciones municipales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González, explicó que se trata de los alcaldes de Abasolo, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, González, Mainero, Miguel Alemán y Palmillas.
“Son nueve municipios que no han cumplido con el envío del acta de entrega-recepción. Y todavía más triste, hay dos, los de Miquihuana y Tula, que de plano tienen irregularidades porque los alcaldes salientes sí firmaron el acta y ellos no. Además, solo enviaron al Congreso un documento notariado, por lo que no se puede hacer la revisión”, detalló.
García González explicó que debido a ello solicitará al presidente de la mesa directiva, Ciro Hernández, que se dé vista a las comisiones respectivas, para que inicien un procedimiento de denuncia en contra de los alcaldes involucrados y estar en condiciones de poder aplicarles sanciones.
“Ya pasó tiempo suficiente para que hubieran cumplido con la entrega del acta respectiva. Se les ha exhortado, se les ha llamado insistentemente, pero no lo han hecho, más por desidia (sic) que por desconocimiento de la ley”, mencionó.
Las sanciones previstas para quienes incurran en este tipo de infracciones legales van desde un apercibimiento público o privado, amonestación y hasta un procedimiento administrativo o penal.
CONFÍA EN QUE MAKI RESPONDA
Por otra parte, García González confió en que la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, cumpla con la exigencia que le hizo este miércoles el Pleno Legislativo, para que en un plazo de diez días informe sobre la situación de al menos cinco funcionarios públicos que el Cabildo ordenó destituir por incumplir los requisitos constitucionales y legales para asumir el cargo.
Explicó que a pesar de la disposición del Cabildo, la Contraloría Municipal ordenó reinstalar a algunos de esos servidores públicos, por lo que es un tema que deberá clarificar la Alcaldesa.
El también coordinador de la bancada panista dijo que en caso de incumplir con el llamado del Congreso, Ortiz Domínguez podría recibir sanciones que incluso llegarían al juicio político.
