Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El Congreso del Estado inició formalmente procedimientos para sancionar a los alcaldes de Burgos, Bustamante y Palmillas, por incumplir con el acta de entrega-recepción de la administración pública. El castigo podría incluir la destitución y penas de hasta diez años de prisión.
Se trata del panista Alejandro Moya Garza, de Burgos; de Maricela Rodríguez González, de Bustamante, y Genoveva Córdoba Castro, de Palmillas, estas dos últimas emanadas de la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el presidente de la mesa directiva, José Ciro Hernández, informó al pleno legislativo que los tres ayuntamientos fueron omisos en su obligación legal y constitucional; y en consecuencia debe aplicárseles la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
En ese sentido, dijo, dará cuenta de lo sucedido a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para que inicien el procedimiento legal correspondiente de acuerdo a lo que dispone el artículo 140 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.
Dicho numeral establece el procedimiento legislativo aplicable cuando ocurran denuncias de responsabilidad administrativa de los miembros de los ayuntamientos del Estado.
“Los presidentes de las comisiones referidas en el párrafo anterior presentarán al pleno sus conclusiones, elucidándose la naturaleza de la denuncia, el denunciante, los elementos probatorios hechos llegar, las pruebas y alegatos del denunciado en ejercicio de la garantía de audiencia y el proyecto de resolución que consideren procedente, debidamente motivado y fundado en derecho” señala el tercer párrafo del artículo citado.
El quinto párrafo establece: “La determinación que adopte el pleno será notificada personalmente al denunciado y al denunciante. En caso de resolverse la procedencia de la responsabilidad administrativa, se establecerá la sanción aplicable, conforme a lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”.
El referido artículo 53 establece que las sanciones por falta administrativa consistirán en: I.-Apercibimiento privado o público; II.- Amonestación privada o pública; III.- Suspensión; IV.- Destitución del puesto; V.- Sanción económica; VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Y añade: “Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de uno a cinco años, si el monto de aquellos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la Capital del Estado, y de cinco a diez años si excede de dicho límite”.
Cabe señalar que otros seis alcaldes que estaban en la misma situación que los de Burgos, Bustamante y Palmillas, cumplieron finalmente con el envío al Congreso del Estado del acta de entrega-recepción, lo que los salvó de recibir sanciones.
Se trata de los ediles de Abasolo, Altamira, Antiguo Morelos, González, Mainero y Miguel Alemán.
