LONDRES (AP) — La Corte Suprema británica inició el lunes el debate sobre quién tiene autoridad para iniciar la salida del país de la Unión Europea: el gobierno o el Parlamento.
La batalla legal tendrá graves implicaciones constitucionales sobre el balance del poder entre la rama legislativa y ejecutiva del gobierno y ha agravado las tensiones desatadas por la decisión en un referéndum de abandonar la UE.
El magistrado que preside la corte, David Neuberger, inició la audiencia condenando las «amenazas de seria violencia y desagradable abuso» dirigidas contra Gina Miller, una de las partidarias de hacer que el Parlamento tenga participación en el asunto.
«Amenazar o abusar de personas por ejercer su derecho fundamental de acudir a los tribunales socava el estado de derecho», declaró Neuberger y prohibió la publicación de la dirección de Miller y de otros participantes en el caso.
Neuberger y los otros 10 magistrados en el máximo tribunal deberán decidir si el gobierno de la primera ministra Theresa May puede invocar el Artículo 50 del tratado de la UE, lo que daría inicio a dos años de negociaciones de separación, sin la aprobación del Parlamento.
May ha dicho que invocará el Artículo 50 para fines de marzo, usando unos antiguos poderes oficiales conocidos como prerrogativa real. Esos poderes, tradicionalmente ejercidos por el monarca pero hoy en día por los políticos, permiten que las decisiones sobre sumarse o desprenderse de tratados internacionales se hagan sin una votación parlamentaria.
Miller, una empresaria financiera y otra litigante, la peluquera Deir Dos Santos, fueron a los tribunales denunciando que separarse de la UE violaría sus derechos, como por ejemplo el libre tránsito entre los países del bloque y que ello no se debería hacer sin la aprobación del Parlamento.
El mes pasado, tres jueces de la Alta Corte coincidieron con la apreciación, pero el gobierno afirma que malinterpretaron la ley.
Al presentar los argumentos del gobierno, el procurador Jeremy Wright dijo que el uso de la prerrogativa real no es una violación a la potestad del Parlamento, porque el legislativo estuvo al tanto de todo el proceso del referéndum.
Añadió que los legisladores habían aprobado la Ley del Referéndum Europeo de 2015, estableciendo las reglas por las cuales se iba a realizar la consulta popular, con «la expectativa universal… de que el gobierno implementaría el resultado».
