La sociedad tamaulipeca no perdona los errores, discrimina y no permite segundas oportunidades, relega a quien cometió un delito, pese a que haya pagado con una sentencia encarcelado, afirmó Carlos Alberto, quien estuvo preso poco más de tres años por la comisión de un robo.
En una plática que aceptó tener bajo el compromiso de no revelar sus apellidos, relató el viacrucis que ha sido luego de casi dos años de haber estado recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de esta Ciudad, y no poder encontrar una oportunidad laboral donde desarrollarse.
“Es muy difícil, si soy discriminado por mis antecedentes, pese a que el estar encerrado me hizo cambiar mi vida y decidir no volver a perder mi libertad por un delito, eso no lo ve la sociedad y no he podido encontrar un trabajo estable, porque me piden la carta de no antecedentes penales y eso me niega la oportunidad”, comentó.
Pese a que las normas vigentes establecen que una persona que delinquió y compurgó una sentencia, en teoría debe quedar libre de todo cargo; la realidad, en voz de Carlos Alberto, es muy diferente.
“Si va uno por la vida consiguiendo trabajos como de mesero, he trabajado en taquerías, en restaurantes pequeños, donde, pues se da la oportunidad con bajos salarios y no te piden tantos requisitos, pero eso no alcanza para sacar adelante a la familia”, dijo.
Reconoce que cometió un robo junto con un par de “amigos”, y enfatiza esa palabra porque ahora entiende que no eran verdaderos amigos, sino con quienes en un momento de desesperación y ociosidad, para obtener dinero fácil, entraron a una tienda de conveniencia y asaltaron.
“Fui el único que perdió su libertad, de las otras personas no sé qué paso, y la verdad ahora ya no me interesa saber, lo que yo quiero es ver hacia adelante y buscar una oportunidad para reivindicarme, pero simplemente no me la dan, porque piensan que voy a volver a cometer un delito”, comentó.
Visiblemente arrepentido, aceptó contar su caso, para tratar de concientizar a la sociedad sobre el cambio que puede llegar a tener una persona que estuvo privada de su libertad por varios años.
“Sí quiero que la gente en general, no solo los que dan trabajo, sino todas las personas, logren sensibilizarse que las personas cometemos errores, pero queremos cambiar y obtener una segunda oportunidad”, subrayó.
A decir del entrevistado, la cadena de reinserción social no se cumple, porque si bien es todo un proceso, en el que se incluye la pérdida de la libertad de acuerdo a lo que establece el Código Penal, la reinserción no se completa porque se les cierran las puertas a los ex convictos, incluso al grado de orillarlos a volver a cometer un delito, en el peor de los casos.
En ese sentido autoridades y empresarios reconocen que aún no se logra aceptar que una persona que incurrió en un ilícito tiene derecho a reivindicar su vida; sin embargo, admiten que eso se debe también a la situación de inseguridad que prevalece en la actualidad.
ACTIVARÁN AYUDA
DESDE EL CONGRESO
El diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social, del Congreso local admitió que existen empresas muy estrictas en donde uno de los requisitos principales es el no contar con algún tipo de antecedente penal.
“Se debe trabajar con las empresas para lograr que se dé una verdadera reinserción social, que el haber pagado una sentencia por un error no sea limitante para que una persona sea aceptada, siempre y cuando se compruebe que no desea volver a equivocarse”, dijo.
El legislador de extracción panista consideró que desde la Comisión que preside dentro del Poder Legislativo habrá de realizar un análisis para determinar opciones a implementar y que esas personas logren una verdadera reinserción social.
“Estamos batallando en cuanto a empresas, somos muy estrictos en exigir los antecedentes, hacer las comprobaciones de referencias después de que se hace la solicitud, ver todo lo que ha sucedido en la parte anterior de su vida”, dijo.
Y admitió que las personas que no salen limpias de antecedentes, difícilmente encuentran una oportunidad para desarrollarse, lo cual los vuelve vulnerables e incluso son discriminados.
Para el ex Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y actual diputado local por el PRI, Alejandro Etienne Llano, el Nuevo Sistema de Justicia Penal permitirá que las personas que incurran en un delito lo reparen antes de ser privados de su libertad, lo cual ayudará en las oportunidades de esos ciudadanos.
“Tendríamos que hacer una análisis individualizado de cada uno y de acuerdo a eso ir tomando decisiones y es una tarea que le corresponde al Poder Ejecutivo a través de sus instancias, por eso la importancia del nuevos sistema, solo delitos graves se tienen prisión preventiva”, dijo.
Las autoridades deben apostarle a la justicia restaurativa y que permita que las personas que cometieron algún delito sean reinsertados verdaderamente en la sociedad.
NO ES SENCILLO:
EMPLEADORES
Para los comerciantes integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Victoria, no es una situación sencilla el contratar a una persona que ha estado encarcelado, pero reconocen que toda persona merece una segunda oportunidad.
Marco González Salum, presidente del organismo en la Capital, admite que la sociedad y en específico los comerciantes, emiten prejuicios relacionados con ese tema, lo cual dificulta la contratación de esos ciudadanos.
“Todos merecen una segunda oportunidad, en realidad, la idea de los Cedes, el principal objetivo es la reinserción social, se hace un esfuerzo en ese periodo mientras permanece recluida la persona, pero al salir sí existen todavía dificultades, porque sí hay prejuicios sobre todo hacia esas personas”, dijo.
En los últimos años las empresas han adoptado entre sus principales requisitos para contratar a una persona el que no haya delinquido, y se convierte en prejuicio y pues es cierta la apreciación.
“Todo el ambiente está muy enturbiado, la situación actual no es fácil para los empresarios, quienes han sido víctimas de la delincuencia, aceptar a personas con antecedentes delictivos no es algo sencillo y francamente no los podemos culpar, no promovemos la discriminación de ninguna manera, pero cada empresario o empresa tiene derecho a tomar sus decisiones”, explicó.
Rechazó González Salum que el hecho de no encontrar una opción laboral en el corto plazo, sea justificante para que una persona vuelva a cometer un delito de la índole que sea, por el contrario debe ser aliciente el contar con una segunda oportunidad y es también responsabilidad de la persona hacer que la sociedad cambie de opinión.
“No se justifica (reincidir), es como no haber aprovechado de alguna manera todo ese tiempo que tuvo la oportunidad de enderezar el camino, el estar privado de la libertad en una cárcel y obtener posterior libertad, debe ser tomado como una segunda oportunidad para cambiar la vida”, precisó.
“Es también parte de las personas que compurgaron una pena y se les brinda una oportunidad demostrar a la sociedad que sí se puede cambiar y en la medida que eso se demuestre cada vez más empresas podrán ir modificando su percepción”, concluyó.
