BOGOTÁ, Colombia, diciembre 6 (AP)
El desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inició con el pie izquierdo: el reagrupamiento peligra tras las exigencias que lanzó la guerrilla para la excarcelación de sus presos y la suspensión de la orden de captura de sus integrantes.
El martes, día en que estaba previsto el arranque de desplazamientos hacia una veintena de zonas donde los rebeldes deberían dejar las armas en un plazo de seis meses, los insurgentes aseguraron que los “trámites interminables” impiden la implementación del acuerdo.
Colombia está haciendo “el ridículo ante el mundo”, aseguró Iván Márquez, jefe negociador guerrillero, en una conferencia junto a otros tres miembros de las FARC.
Amnistía para presos, levantamiento de órdenes de captura y aprobación de una vía rápida para promulgar las leyes necesarias para implementar los acuerdos son las necesidades más inmediatas para que los rebeldes completen su concentración. Sin embargo, aseguran que la logística tampoco ayuda: esas áreas no están todavía habilitadas para la llegada de unos ocho mil insurgentes que continúan en las selvas colombianas.
En las cárceles del país hay unos cuatro mil guerrilleros de las FARC y colaboradores de la insurgencia, aseguró Jesús Santrich, miembro del secretariado nacional de esta guerrilla. De ellos, unos 300 deberían estar listos para salir de manera inmediata.
Las FARC esperan que las primeras excarcelaciones ocurran pronto, dijo Márquez, quien también pidió una respuesta veloz de la Corte Constitucional sobre el “fast track”, mecanismo que desde el Congreso permitiría la aprobación de la ley de amnistía y, sucesivamente, de otros puntos del acuerdo.
La próxima discusión en la Corte está prevista para el 12 de diciembre, pero la decisión, que divide a los magistrados, podría extenderse. El tiempo, sin embargo, empezó a correr el 1 de diciembre, tras la refrendación del segundo acuerdo de paz en el Congreso. Desde ese día, la guerrilla tenía un plazo de 30 días para llegar a las zonas de desarme y 180 para dejar los fusiles.
El gobierno también ha apresurado a estas instituciones para acelerar el proceso y ha llamado al Congreso a sesiones extraordinarias para abordar estos asuntos.
Mientras tanto, la oposición reclama una nueva consulta popular tras su victoria en el plebiscito del dos de octubre. Cárcel para los guerrilleros y condiciones para acceder a la política son las principales exigencias de la oposición encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe. Como era de esperarse, esas propuestas resultan inaceptables para las FARC.
