BEIJING (AP) — Miles de personas en China firmaban peticiones en internet en protesta por la desestimación de un caso de supuesta brutalidad policial, en una inusual pero discreta muestra de indignación de clase media contra Beijing.
Los firmantes de al menos dos peticiones organizadas en redes de alumnos universitarios están indignados porque la fiscalía de Beijing decidiera el pasado viernes retirar los cargos contra cinco policías por la muerte de Lei Yang, de 29 años, graduado en la prestigiosa universidad Renmin y que fue detenido en mayo.
Los investigadores habían acusado a los cinco agentes de utilizar una fuerza desproporcionada y tapar la muerte de Lei.
La respuesta a la gestión de la muerte de Lei es la última manifestación del latente descontento urbano en China, donde los líderes del Partido Comunista enfrentan cada vez más expectativas —y cada vez más preguntas— de la creciente clase media sobre temas polémicos, como la contaminación medioambiental o la injusticia del sistema judicial.
«Cuando ocurre algo en la sociedad que es tan oscuro, tan imposible de aceptar, entonces es como un fuego interior en nuestros huesos que se ha encendido», Yu Li, un firmante que trabaja en el sector de las tecnologías de la información en Beijing.
Los organizadores de las peticiones dijeron que no querían llevar la protesta a las calles por miedo a una rápida represalia del gobierno. Por el mismo motivo, hablaron bajo condición de anonimato. Pero el caso ha amenazado con erosionar la legitimidad del partido en un influyente sector de la sociedad que ya se muestra impaciente tras años de problemas sociales como escándalos de seguridad alimentaria y la corrupción rampante.
Las peticiones, que piden una «corrección» de la decisión de no procesar a los policías, han acumulado más de 2.400 firmas de antiguos alumnos de Renmin y otras universidades chinas de primer nivel. Hay desde graduados de departamentos de química en la década de 1980 a estudiantes que recibieron títulos empresariales en la década de 2000, así como académicos destacados y el director ejecutivo actual de una empresa alimentaria.
La lista se ha ampliado para incluir a alumnos de las universidades de Tsinghua, Peking y Zhejiang, así como la de Fudan, en el este del país. Los organizadores del movimiento señalaron que muchos de los firmantes se han reunido en más de dos docenas de grupos de mensajería de WeChat, donde expresaban su enfado y compartían análisis legales, ensayos y poesía sobre el caso de Lei.
Ante la escalada de la campaña en internet esta semana, las autoridades trataron de sofocar la conversación. Los censores bloquearon todas las búsquedas de «caso Lei Yang» en el popular servicio chino de microblogs Weibo, mientras que las autoridades de propaganda emitieron avisos en contra de cubrir la historia en medios de comunicación, según China Digital Times, un sitio web extranjero que publica lo que se cree son órdenes oficiales de censura.
En un país que parece acostumbrado a la brutalidad policial contra campesinos o trabajadores migrantes, los analistas creen que el caso Lei ha llamado la atención a nivel nacional precisamente por el origen de clase media de la víctima, ambientalista en un grupo de estudios afiliado al estado.
China ha asistido a menudo a casos en los que campesinos o migrantes chocaban con las autoridades locales, «pero debido a su posición social, sus casos no movilizan esta oposición masiva ni crean conciencia», indicó Zhang Wen, un conocido analista social chino progresista.
«Pero el caso de Lei Yang ha derribado barreras geográficas o incluso de clase», señaló. «Si pudo pasarle a él, podría pasarnos a cualquiera. Cualquiera de nosotros podría ser Lei Yang».
A muchos chinos con estudios no se les escapa el hecho de que la universidad Renmin —que significa Universidad Popular— la fundó el Partido Comunista en sus primeros días de guerrilla. Es inusual que aparezca una crítica organizada desde una escuela que presume de haber producido una larga tradición de pensadores políticos, economistas e historiadores que se suman a la clase dirigente del partido.
Yu, el firmante de Beijing, dijo que nunca se había imaginado como una persona con actividad política hasta que las noticias sobre el caso Lei le impactaron este año.
«Esperábamos que el caso se abriera, que se instruyera de acuerdo a la ley a su debido tiempo», dijo Yu, que se matriculó en la escuela de negocios de Renmin en 1996.
«En cambio, lo que vimos fue que juzgan los casos desde una perspectiva política con la estabilidad como la principal consideración», dijo en una entrevista. «Valoran más la lealtad de la fuerza policial más que las reclamaciones del pueblo».
Es probable que el caso Lei se alargue, después de que Chen Youxi, un abogado que representa a la familia del joven, dijera en un comunicado el domingo que si instancias judiciales superiores respaldan la decisión de la fiscalía de Beijing de no procesar a los agentes, la familia Lei demandará directamente a los cinco hombres.
La familia buscaba ocho abogados más para ayudar a sacar el caso adelante, indicó Chen, advirtiendo a los posibles voluntarios que la tarea podría ir acompañada de «gran presión y gran riesgo».
El comunicado fue censurado poco después de su publicación el domingo, al igual que las copias repetidas en otras plataformas web en China.
Chen confirmó por teléfono que liderará una nueva demanda, pero declinó hacer más comentarios. La oficina de prensa de la fiscalía de Beijing no respondió en un primer momento a un fax pidiendo comentarios.
El caso de Lei se suma a otros incidentes en los últimos años que amenazan con minar la confianza de la clase media en el gobierno, una parte de la sociedad a la que tradicionalmente los líderes comunistas chinos contaban con aplacar con un crecimiento económico continuado.
En agosto de 2015, la explosión de un almacén de productos químicos en la ciudad oriental de Tianjin mató a decenas de residentes en una zona de condominios recién construidos. Meses antes, innumerables inversores particulares y directivos de fondos de valores sufrieron pérdidas devastadoras en un desplome bursátil y hay una impresión generalizada de que el problema fue mal gestionado por las autoridades financieras en Beijing, lo que provocó varias demandas contra las instituciones reguladoras.
El caso de Lei ha sido un escándalo en el sector legal chino, incluso entre abogados corporativos que normalmente prestan poca atención a los casos de injusticia social, explicó Susan Finder, experta en derecho chino en la Facultad de Derecho Transnacional de la Universidad de Peking.
Lo que afectó a muchos de los profesionales del sector, indicó Finder, fue la impresión de que el debate sobre un asunto legal legítimo estaba siendo sofocado, una sensación a la que muchos no estaban acostumbrados. Varios profesionales legales destacados declinaron ser entrevistados esta semana.
«Uno no habría pensado que los abogados de grandes empresas fueran a enfadarse tanto», dijo Finder. «La gente siente que no hay espacio para otras opiniones».
Resultaba difícil decir con certeza qué comentarios se permitían en internet. Los censores retiraron un ensayo de un juez de la ciudad de Lanzhou e incluso bloquearon temporalmente un análisis legal de una exfiscal de Beijing apellidado Li, que defendía la decisión de la ciudad de retirar los cargos.
Li, que declinó dar su nombre a Associated Press aunque ahora trabaja en el sector legal privado, dijo que su entrada se desbloqueó un día más tarde. En una entrada posterior, expresó su incredulidad por haber sido censurada en un principio.
«¿Han oído los gritos las autoridades relevantes?», escribió. «La libertad de expresión es realmente importante».
