México— No incrementar el precio de los combustibles hubiera derivado en la desaparición de programas sociales de gran impacto, como Prospera, Seguro Popular o quitarle la mitad del presupuesto al IMSS, justificó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho.
A nombre del tricolor en el Congreso, el diputado aseguró que están conscientes de que ellos avalaron un paquete económico que contemplaba dicho aumento, por lo que asumen con responsabilidad la decisión.
«Gastábamos cerca de 200 mil millones pesos al año para mantener un precio artificial, y sostenerlo un año más habría tenido implicaciones: la elevación de los impuestos, el aumento de la deuda, o bien, la desaparición de Prospera, todas las campañas de vacunación, Pensión para Adultos Mayores, el Seguro Popular, los apoyos económicos a productores agrícolas o tampoco habría recursos para construir carreteras o mantenimiento de caminos.
«Recortar el gasto público de esa magnitud habría equivalido al doble del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social o a la mitad del presupuesto anual del IMSS, por ello esta medida resultaba inevitable», afirmó.
En un mensaje a medios, en el que no aceptó preguntas, argumentó que la medida también impactaría al presupuesto de los estados.
«Por ello quienes militamos en el PRI e integramos el Congreso de la Unión, asumimos con responsabilidad esta medida y expresamos nuestra completa solidaridad con el presidente Enrique Peña con las medidas que ha adoptado», argumentó.
El exdirigente tricolor afirmó que se hacían cargo de las expresiones de descontento de la sociedad, pues no sólo son entendibles sino respetadas.
Sin embargo, dijo, no se puede permitir que la libertad de expresión sea secuestrada por quienes actúan con violencia y desde la ilegalidad.
Pidió entender que las medidas no sólo ayudan a preservar la estabilidad económica, sino los bolsillos de los mexicanos.
Para palear la inconformidad, Camacho indicó que impulsarán una decena de acciones: pedir al Ejecutivo federal un informe al Congreso en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a todas las regiones del país.
Así como solicitar que implemente una campaña de información para dar cuenta del proceso de flexibilización de los mercados de los combustibles por región; que el Gobierno garantice el abasto de los combustibles en todo el país; y que fortalezca el operativo de vigilancia en gasolineras, para evitar que la especulación y los abusos afecten a los consumidores.
Además de que agilice las investigaciones previas iniciadas por los delitos contra la economía pública y que publique la ubicación de los concesionarios y los precios de venta de los combustibles vigentes para promover la competencia en beneficio de los consumidores que somos todos.
También exhortarán a la Comisión Reguladora de Energía para que al momento de concretarse la flexibilización de los mercados de combustibles, haga del conocimiento público la ubicación de los concesionarios de la región, con la finalidad de salvaguardar la libre competencia.
Y pedirán a los titulares de Hacienda, Energía, Pemex, Profeco y Comisión Reguladora comparezcan ante el Congreso para informar medidas y acciones para frenar el abuso y palear el impacto a los bolsillos de los mexicanos.
