Alfredo Guevara.-
Al Congreso de la Unión podría llegar una iniciativa de ley con la que a todos aquellos que han sido funcionarios públicos o estuvieron al frente de cargos de elección popular y no puedan fundamentar el origen de sus bienes se les inicie un proceso de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Y es que, hay servidores públicos de los tres niveles de gobierno, como integrantes del Congreso de la Unión, que si bien es cierto han adquirido muchos bienes cuando estuvieron en el poder, no estarán en condiciones de informar cómo los adquirieron, aseguró Alejandro Guevara Cobos.
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó que toda persona, hombre o mujer, que haya sido funcionario u ocupado cargos de elección popular que no pueda fundamentar el origen de un bien adquirido, le sea retirado o congelado.
“Es importante que se abra una cadena grande, con todos aquellos bienes que jurídicamente no puedan ser justificados y que todos los recursos que se generen se puedan invertir en programas sociales que mejoren las condiciones de vida de la gente de escasos recursos”, señaló.
Guevara Cobos consideró que hay muchos políticos, hombres y mujeres, como legisladores, que se han hecho de bienes, propiedades, residencias y vehículos, que no se sabe cómo los adquirieron, porque con el sueldo que reciben o recibían no les alcanza para ello.
Confirmó que uno de los problemas graves que existe en México, tiene que ver con la corrupción y la impunidad, sobre todo por quienes están en el poder, en el servicio público u ocupando un cargo de elección popular en territorio.
Declaró que ya es tiempo de que se deje de pensar desde el Gobierno y la Cámara de Diputados cómo subirle la tasa de impuestos a la gente e ir viendo las fortunas que tienen los funcionarios públicos y quienes ocupan cargos de elección popular, sobre todo los que no podrían justificar los bienes que disponen.
Adelantó que la iniciativa de ley está en proceso de elaboración y que sería llevada al Congreso de la Unión, en aras de poner fin a la corrupción por quienes ejercen un cargo público o de elección popular, sobre todo los que no pueden justificar cómo adquirieron sus bienes.
