Rogelio Rodríguez Mendoza.-
La Junta de Coordinación Política del Congreso local deberá proponer un nuevo Auditor Superior del Estado (ASE), luego de que Miguel Salmán Álvarez solicitó la conclusión anticipada de su periodo de ejercicio, que vencía el seis de abril del 2018.
El artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas establece que “el Auditor será designado por el Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política, en los términos establecidos por la Constitución y la ley, para fungir por un período de siete años, y podrá ser nombrado para un nuevo período por una sola vez”.
El mismo numeral refiere, en su segundo párrafo, que “si (el Auditor) es removido o se ausenta del cargo será suplido por uno de los Auditores Especiales”.
El tercer párrafo añade que: “el Auditor podrá ser removido sólo por las causas graves que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que deberá juzgar y aprobar el Pleno del Congreso por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros presentes. Podrá separarse del cargo por incapacidad legal para ejercer su encargo, o por enfermedad evidente y dictaminada”.
Un comunicado del Congreso del Estado señala que el funcionario solicitó la conclusión anticipada de su encargo “por razones estrictamente personales, en una decisión tomada luego de una profunda reflexión que consultó a su familia”.
Sin embargo, la ley no prevé en ninguno de sus artículos la figura de la separación anticipada o la renuncia.
Salmán Álvarez había sido designado Auditor Superior del Estado por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso, a través del punto de acuerdo LXI-19, del seis de abril del 2011.
Se prevé que este sábado la Diputación Permanente le dé entrada a la solicitud de Salmán Álvarez para separarse del cargo, para luego esperar a que la Junta de Coordinación Política haga una nueva propuesta para el cargo.
