CARACAS, Venezuela (AP) — El presidente Nicolás Maduro se dijo dispuesto a ir a una «lucha armada continental» si se intenta un golpe de Estado o se trata de «quebrar» a Venezuela.
«Se acabaría la paz en este continente», advirtió Maduro el domingo durante su discurso desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó su mensaje anual de gestión.
La semana pasada, Maduro acusó a la mayoría opositora del Congreso de promover un golpe de Estado en Venezuela al aprobar una declaratoria de abandono del cargo del mandatario por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales. Desde que asumió el gobierno en 2013 el presidente ha denunciado varios complots y planes desestabilizadores.
El Ejecutivo creó la semana pasada un «comando antigolpe» y varios opositores fueron detenidos acusados de promover acciones desestabilizadoras. La alianza opositora y la cúpula de la Iglesia católica local rechazaron las detenciones y señalaron al gobierno de promover una persecución contra los sectores disidentes.
Maduro aprovechó un discurso que se extendió por casi cinco horas para criticar la decisión tomada viernes por su homólogo estadounidense, Barack Obama de extender la vigencia de la acción ejecutiva que declara a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
El gobernante indicó que esta decisión deja abierta una «puerta peligrosa» que podría ser utilizada para intentar una «agresión militar» contra el país suramericano.
Maduro lamentó no haber entregado su informe anual de gestión al Congreso y añadió que el país enfrenta una «circunstancia excepcional» en materia económica por lo que aprobó, por segundo año consecutivo, un decreto de emergencia económica.
Por otra parte, el presidente admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica «difícil» y «compleja» que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un «milagro de Dios, milagro de la revolución», porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos.
Asimismo, Maduro anunció que decidió extender hasta el 20 de febrero la vigencia de los billetes de 100 bolívares, que temporalmente sacó de circulación el mes pasado y luego retornó a la economía tras protestas callejeras violentas. Reiteró que partir del lunes comenzarán a circular nuevas denominaciones de papel moneda, que incluyen los billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares.
En su alocución, Maduro se quejó del contrabando de gasolina y otros productos hacia territorio colombiano, y anunció que Caracas se «reserva las acciones internacionales ante todos los organismos» por la «violación» de las leyes del comercio y la «promoción» del contrabando de combustible hacia Colombia.
«Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra Venezuela», dijo el mandatario. Precisó que a partir del lunes se abrirán casas de cambio en la región fronteriza, del lado venezolano, y próximamente se instalarán tiendas en las que se venderán productos en pesos colombianos.
Como medida económica para proteger a los trabajadores, Maduro anunció que se exonerará del pago del Impuesto Sobre la Renta a las personas que reciban ingresos anuales por debajo de 6.000 unidades tributarias.
Luego de ser por más de medio siglo la instancia encargada de recibir el informe anual de gestión del mandatario, tal como lo establece la constitución, el Congreso venezolano perdió otra de sus atribuciones por decisión de la Corte, que es señalada de estar controlada por el gobierno y que autorizó la semana pasada a Maduro a presentar su discurso ante los magistrados.
El académico y abogado José Vicente Haro afirmó que la decisión de Maduro de presentar su informe anual al Tribunal Supremo hace «más compleja» la situación política y constitucional del país, y recordó que «sólo en dictaduras» los gobernantes se abstuvieron de ir al Congreso a informar sobre su gestión.
Haro dijo a The Associated Press que estas acciones del oficialismo están orientadas a «desconocer absolutamente» la Asamblea Nacional y avanzar hacia «disolver de facto» el Poder Legislativo.
Desde que la mayoría opositora asumió a comienzos del 2016 el control del Congreso, que por 17 años estuvo en manos del oficialismo, se desató una pugna entre los poderes públicos que ha subido de intensidad en los últimos meses a pesar de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se instaló en octubre pasado bajo el apoyo del Vaticano y un grupo de ex presidentes extranjeros.
