Rogelio Rodríguez Mendoza.-
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado abrirá en breve una investigación sobre el manejo de los recursos públicos que hicieron durante los últimos años el Gobierno estatal, los ayuntamientos y los organismos públicos descentralizados.
El presidente de dicha Comisión, Joaquín Hernández Correa, aseguró que no habrá contemplaciones para quienes resulten responsables de alguna irregularidad financiera.
“Será lo mismo para azules, rojos, amarillos o de cualquier otro color”, dijo el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
Explicó que solamente están a la espera de que el Pleno Legislativo, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, designe al nuevo Auditor Superior del Estado tras la renuncia de Miguel Salman Álvarez.
“Tan pronto se designe al nuevo Auditor la Comisión (de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado), se avocara a tener contacto con él para trabajar coordinadamente”, detalló.
Hernández Correa dijo que, por ejemplo, investigarán la razón por la que la anterior legislatura aprobó por la vía del “fast track”, en sus últimas sesiones, un paquete de cuentas públicas.
“Necesitamos investigar por qué se aprobaron esas cuentas por “fast track”. Hay que ver porque tenían tanta prisa”, indicó.
También habrá de indagarse el destino que se le dio al crédito de seis mil millones de pesos que obtuvo el gobierno de Eugenio Hernández Flores y que dejó endeudado al Estado.
“Se dijo que con ese dinero se construyó este edificio del Congreso, el Polyforum, la Torre de Gobierno, y algunos hospitales, pero queremos comprobar que así fue”, mencionó.
En los municipios también existen denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades sobre el manejo de los recursos públicos.
Un caso es el de Tampico, donde ha quedado al descubierto que varios regidores recibieron préstamos con dinero del erario público, sin que los hayan liquidado hasta el momento a pesar de que ya concluyeron su ejercicio.
Rechazó, sin embargo, que la revisión de cuentas públicas vaya a ser un instrumento de presión política o chantaje.
