CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (Agencias)
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular el decreto para reformar el Código Penal Federal y que se impongan penas de seis hasta tres años de prisión a los reos que se escapen de penales.
La propuesta para reformar los artículos 153 y 154, y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal, se registró el año pasado, luego de que Joaquín “El Chapo” Guzmán fue recapturado por segunda vez y lo legisladores promovieron reformas al Código que no sancionaba a los presos que se fugaban de prisiones.
“A la persona sentenciada con pena privativa de libertad que se escape, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, esta pena se incrementará en un tercio cuando la persona obre de concierto con otro u otros sentenciados y se fugue alguna de ellas o ejerciere violencia en las personas”, indica el texto del decreto para reformar el artículo 154 del Código Penal Federal.
Por 72 votos a favor y ninguno en contra, los senadores también aprobaron que si la reaprehensión del prófugo se lograra por gestiones del responsable de la evasión, se aplicarán a este de diez a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, según la gravedad del delito imputado al preso o detenido.
El decreto aprobado se turnó a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación.
RECIBE INICIATIVA PREFERENTE DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO
El Senado recibió hoy la iniciativa preferente presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, que contiene el proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a través de la cual se busca la revalidación de estudios y el reingreso al sistema educativo para los connacionales que retornen de Estados Unidos.
Al arranque de la sesión de la Cámara alta, se leyó el oficio con “el que remite iniciativa preferente presentada por el Presidente de la República en la sesión de Congreso General el uno de febrero de 2017, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación”.
El proyecto fue turnado de forma inmediata a las comisiones de Educación y Estudios Legislativos.
La iniciativa presidencial, entre otros puntos, detalla que se impedirá que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional. Esto con el objetivo de ayudar a los migrantes mexicanos que eventualmente sean deportados o emigren de manera voluntaria de Estados Unidos a México.
