MANILA, Filipinas (AP) — Un policía filipino retirado reveló el lunes que en su época como alcalde, el ahora presidente del país, Rodrigo Duterte, ordenó y pagó a él y a otros miembros de un llamado escuadrón de liquidación matar a delincuentes y opositores, incluyendo un sospechoso de secuestro y toda su familia y un periodista de radio crítico.
Los abogados de derechos humanos que presentaron a Arthur Lascanas en una conferencia de prensa señalaron que sus acusaciones podrían ser la base para un juicio político a Duterte. Ni el presidente ni su oficina realizaron comentarios de inmediato.
El senador Antonio Trillanes IV, quien ayudó a los letrados del Free Legal Assistance Group con la rueda de prensa de Lascanas en el Senado, dijo que pedirá a sus compañeros que sus explosivas acusaciones sean investigadas de inmediato.
El secretario de comunicación de Duterte, Martin Andanar, calificó las afirmaciones de «trabajo de demolición» de personas no especificadas afectadas por las reformas del presidente y que buscan alejarlo del poder. No respondió a las detalladas acusaciones del exagente.
«La conferencia de prensa del sicario confeso SPO3 Arthur Lascanas forma parte de un prolongado drama político destinado a destruir al presidente y a derrocar a su administración», apuntó Andanar sin ofrecer más detalles ni pruebas.
Duterte ha negado que su gobierno respalde asesinatos ilegales de sospechosos en su letal ofensiva contra el narcotráfico, en la que se cree que fallecieron más de 7.000 personas, la mayoría consumidores y traficantes a pequeña escala, desde su llegad al poder el pasado junio.
Esta iniciativa es una ampliación de la que ofensiva antidroga que ya lideraba durante su larga estancia al frente de la alcaldía de Davao, en el sur del país, y alarmó a Estados Unidos, a gobiernos occidentales y a responsables de derechos de Naciones Unidas.
En muchos discursos públicos, Duterte ha pedido a los policías que se defiendan si los sospechosos de narcotráfico responden y amenazó abiertamente a los capos de la droga con la muerte.
Lascanas negó el año pasado ante una comisión del Senado su participación en cualquier ejecución extrajudicial en Davao. Testificó en una investigación el pasado octubre tras verse señalado junto a Edgar Matobato, un exmiliciano que dijo que dijo que Duterte le ordenó a él y a otros matar delincuentes en asaltos similares a los realizados por bandas que causaron cientos de fallecidos.
Rompiendo a llorar en un momento de su comparecencia, Lascanas señaló que acechado por su conciencia, decidió revelar su participación incluso en la muerte de dos de sus hermanos, ordenada porque eran drogadictos.
«Maté a mis dos hermanos. Aunque termine muerto estoy contento porque he cumplido mi promesa con el señor de hacer una confesión pública», dijo.
Lascanas narró varias de las acciones que, según él, fueron ordenadas, permitidas o financiadas por Duterte como alcalde de Davao. Entre los incidentes está el bombardeo de mezquitas en 1993 como venganza después de que rebeldes musulmanes fueran acusados de poner una bomba en una catedral católica.
Según Lascanas, él y su grupo balearon y mataron a un sospechoso de secuestro junto a su esposa embarazada, su hijo pequeño, el suegro y otras dos personas con consentimiento de Duterte.
Después de que el grupo informó a Duterte sobre la captura del presunto cerebro de un secuestro en Davao, Lascanas dijo que el alcalde respondió: «Muy bien, háganlo limpio».
Otro de sus objetivos fue el periodista radiofónico Jun Pala, un crítico de Duterte. Fue baleado en 2003 por pistoleros, que luego recibieron recompensas en efectivo del entonces alcalde, apuntó.
