DALLAS, E. U., febrero 19 (Notimex)
La Suprema Corte de Estados Unidos escuchará este martes argumentos a favor y en contra en el caso del adolescente Sergio Adrián Hernández Güereca, muerto en territorio mexicano por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó a través de la frontera en junio de 2010.
El máximo tribunal judicial del país deberá determinar si sus familiares tienen el derecho constitucional de demandar al agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Meza.
El caso llega a la Suprema Corte luego de que en abril de 2015, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, dictaminó que el agente fronterizo, tiene inmunidad calificada y no puede ser demandado por la familia del adolescente mexicano.
La Corte de Apelaciones argumentó que la familia de Hernández Güereca no podía demandar el amparo de la Cuarta Enmienda Constitucional que garantiza el derecho de las personas contra registros, incautaciones y detenciones irrazonables, dado que el adolescente era ciudadano mexicano en suelo mexicano, y carecía de toda “conexión significativa” con Estados Unidos.
Sergio Adrián murió el siete de junio de 2010, cuando se encontraba en el lecho seco del río Bravo en el lado mexicano de la frontera en Ciudad Juárez, cuando el agente, Jesús Meza Jr., que patrullaba él área en bicicleta, le disparó desde el lado estadounidense, bajo el argumento de defensa propia al sostener que estaba siendo atacado a pedradas por el adolescente y otros jóvenes.
Sergio Adrián murió de un balazo en la cabeza en el lado mexicano del río Bravo, sin que Meza y otros agentes fronterizos que habían acudido al lugar le prestaran ayuda.
El incidente fue documentado por varios testigos, uno de los cuales logró captar un video del mismo utilizando un teléfono celular.
El incidente provocó una ola de indignación en México y una serie de protestas en Ciudad Juárez. El Gobierno de México ordenó una “profunda e imparcial” investigación de los hechos.
Sin embargo, a pesar de las evidencias y los reclamos, el agente Mesa fue exonerado de los hechos por una Corte Federal.
Los padres de Sergio Adrián interpusieron entonces una demanda civil en contra del agente y contra el Gobierno de Estados Unidos, reclamando una compensación por la muerte imprudencial de su hijo.
