RÍO DE JANEIRO, Brasil, marzo 17 (Agencias)
La policía de Brasil lanzó este viernes una operación para desarticular una red que, por mediante sobornos a inspectores sanitarios, lograba certificaciones de calidad para carne, incluso podrida, en una trama que involucra a ejecutivos de productores como JBS.
La Operación Carne Fraca (carne defectuosa, en portugués) comenzó hace dos años y contó con la colaboración de mil cien agentes de la Policía Federal, una de las mayores investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del país.
Inspectores sanitarios del Ministerio de Agricultura habrían sido sobornados por empresas como BRF (dueña de las marcas Sadia y Perdigao) y JBS, mayor productora de carne del mundo y propietaria de Seara y Big Frango, para obtener certificaciones de calidad en productos que en realidad eran deficientes.
Ambas empresas perdían más del 7.5 por ciento de su valor en la Bolsa de Sao Paulo al mediodía, impactadas por la Operación Carne Fraca.
La policía desplegó este viernes a agentes en siete estados de Brasil (Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia) para cumplir 309 órdenes judiciales, incluidas la prisión preventiva de 27 personas, entre ellas ejecutivos de BRF y JBS.
Las empresas de carne, que también son grandes donantes en las campañas políticas brasileñas y durante años recibieron cuantiosos créditos estatales subvencionados para expandirse, tenían una gran influencia en el Ministerio de Agricultura para escoger a los inspectores que realizarían la supervisión de las condiciones fitosanitarias en las fábricas procesadoras, según la investigación.
A cambio, las empresas cárnicas pagaban sobornos a los inspectores, algunos de los cuales tenían autos de lujo, propiedades inmobiliarias e incluso restaurantes de comida rápida financiados con los sobornos, según la Policía Federal.
Las investigaciones, dirigidas desde Curitiba, ciudad al sur de Brasil que es también el epicentro de la Operación Lava Jato contra la corrupción política vinculada a Petrobras, también apuntan a beneficios a partidos políticos, aunque por el momento no está claro cuál es el rol de estos en la trama.
Una parte de las propinas pagadas por las empresas a los inspectores iban para dos formaciones: al Partido Progresista (PP) y al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente Michel Temer. En las investigaciones apareció el nombre del actual ministro de Justicia de Brasil, Osmar Serraglio, un gran defensor de los productores agropecuarios del sur del país, pero de momento no se presentaron cargos contra él ni está siendo investigado.
