WASHINGTON, E. U., marzo 27 (Notimex)
La administración del gobierno del presidente Donald Trump amenazó este lunes con retener fondos federales hasta por 4.1 mil millones de dólares este año a los estados, condados o ciudades de Estados Unidos que se declaren “santuario” para inmigrantes indocumentados.
El procurador Jeff Sessions sostuvo que las jurisdicciones que se rehúsan a acatar peticiones de agencias federales para retener a indocumentados a fin de que sean deportados, no sólo violan la ley federal, sino que ponen en riesgo la seguridad pública y la seguridad nacional.
“Urjo vigorosamente a los estados, ciudades y condados del país a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos por negarse a cumplir nuestra ley migratoria y a repensar sus políticas”, dijo en rueda de prensa desde la Casa Blanca.
“Tales políticas hacen menos seguros a sus estados y sus ciudades. Están en juego la seguridad pública y la seguridad nacional. Y los ponen a riesgo de recibir fondos federales”, remató.
Desde su campaña presidencial, Trump prometió poner fin al apoyo federal a las ciudades “santuario” a raíz de que la ciudad de San Francisco liberó al inmigrante indocumentado mexicano Juan Francisco López Sánchez, acusado de causar la muerte a la joven Kate Steinle en San Francisco en 2015.
Como Presidente, una de sus primeras órdenes ejecutivas incluía el congelamiento de fondos federales a las ciudades “santuario”, pero hasta el momento no habían sido dados a conocer los detalles.
El caso de López, quien enfrenta un proceso legal por el asesinato de la joven, fue retomado por Sessions en su anuncio y puesto como ejemplo de que las acciones de las ciudades afectan la seguridad pública de los estadounidenses, especialmente de comunidades migrantes.
Sessions señaló por ello que a partir de este momento el Departamento de Justicia requerirá que jurisdicciones que buscan o solicitan donaciones o subsidios del Departamento certifiquen cumplimiento con la “sección 1373” como condición para recibir los fondos.
La Sección 1373 establece que ningún gobierno local, estatal o federal puede prohibir o restringir información enviada a las autoridades migratorias sobre el estatus migratorio, situación legal o ilegal de ninguna persona presente en territorio estadounidense.
Sessions advirtió que los estados, ciudades o condados que violen la Sección 1373 no recibirán donaciones federales y serán inelegibles de recibirlas en el futuro.
Asimismo anunció que el gobierno federal tomará acciones legales para recuperar los fondos otorgados a una jurisdicción que deliberadamente viola la Sección 1373.
Las ciudades “santuario” forman parte de un movimiento iniciado en Los Ángeles en 1979 luego de que la ciudad emitió la Orden Especial 40, que prohibió a sus agentes policiales inquirir sobre el estatus migratorio de una persona detenida.
Desde entonces, un total de 364 condados y 39 ciudades, incluidas algunas de las más grandes de Estados Unidos como Nueva York, San Francisco, Washington D.C., Miami, Seattle, Chicago, Baltimore, Sacramento y Filadelfia han aprobado ordenanzas similares.
Aunque los edictos de cada ciudad o condados tienen efectos diferentes, las ciudades “santuario” rechazan en general entregar a las autoridades a inmigrantes que sólo cometieron la falta administrativa de ingresar ilegalmente al país pues no se considera un delito grave.
Sólo entre 2014 y 2015 las ciudades “santuario” rechazaron más de 17 mil peticiones (detainers) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que permiten a las autoridades retener a un detenido durante 48 horas adicionales para decidir si es acusado formalmente o deportado.
López Sánchez, el mexicano acusado de asesinar a Steinle, había estado en custodia del ICE tras cumplir una condena por ingreso ilegal a Estados Unidos y fue entregado a la oficina de alguaciles de San Francisco por una acusación separada de posesión de marihuana.
Pero bajo las reglas de la ciudad californiana, el inmigrante mexicano fue liberado cuando se retiraron los cargos por la segunda acusación y porque no existía una causa criminal pendiente en su contra.
Los partidarios de las ciudades “santuario” argumentan que las ordenanzas son necesarias para crear un clima de confianza entre autoridades e inmigrantes a fin de que reporten la comisión de delitos en sus comunidades.
