diciembre 11, 2024
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marzo 28, 2017 | 125 vistas

Alfredo Guevara.-

Aunque finalmente será decisión de los integrantes del Congreso local, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependerá de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), como también definirán si el periodo del titular de ese organismo es de ocho años o menos.

Sin embargo, la designación del “zar anticorrupción” en Tamaulipas será mediante convocatoria pública y sean las instituciones, los académicos y miembros de la sociedad civil para que hagan sus propuestas y de ellas, sea electa una por los legisladores, coincidieron Abelardo Perales Meléndez y Mario Soria Landero.

El Asesor Jurídico del Gobierno y el Contralor del Estado, respectivamente, dieron a conocer a medios de comunicación que este lunes se entregó al Poder Legislativo la reforma a la Constitución Política del Estado en materia de combate a la corrupción, que tiene como propósito crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Como parte de las acciones planteadas para la implementación, se establece el plazo de prescripción para las faltas administrativas graves, será de siete años, ello obedece a que la investigación y sanción tengan un carácter transexenal, es decir, para que no tenga un vencimiento en el paso de un Gobierno a otro y pueda ser sancionado.

También se contempla en la misma legislación hacer pública la declaración “3de3”, como una obligación de los servidores públicos y estará en la Constitución Política del Estado.

Se incluye un delito olvidado por anteriores gobiernos como legislaturas, de tal manera que el delito de enriquecimiento ilícito va a ser causa de extinción de dominio, algo que lo establece la Constitución federal, que aunque no podrá tener efectos retroactivos, no significa que no se investigue lo que se haya cometido con anterioridad

La figura de extinción de dominio, procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, que sean competencia de las autoridades locales.

El Sistema Estatal Anticorrupción, tendrá que ser aprobado por el Congreso local antes del 19 de julio y estará integrado por La Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Contraloría Gubernamental, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y del Comité de Participación Ciudadana, quien en este caso lo presidirá.

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