CARACAS, Venezuela, marzo 30 (AP)
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias del Congreso desencadenó este jueves una avalancha de críticas de la oposición venezolana y de varios países de la región contra el gobierno de Nicolás Maduro por considerar que el fallo constituye un zarpazo a la constitución y el estado de derecho en el país sudamericano.
La sorpresiva sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el Gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.
En el fallo —que fue difundido la noche del miércoles— el Tribunal resolvió que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”.
En enero de 2016, y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que “en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”. A su vez, el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que “ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela”.
El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.
Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que “debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio”.
No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno entable un diálogo.
El departamento de Estado estadounidense condenó la decisión del Tribunal Supremo de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas.
A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida “usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos democráticamente” y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el futuro de su país a través de los representantes electos.
Horas antes, el gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que “constituye una ruptura del orden constitucional y democrático” y en consecuencia decidió “retirar de manera definitiva a su embajador”.
