diciembre 12, 2024
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abril 1, 2017 | 133 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

La penalización a quienes de manera dolosa difundan información sobre las actividades u operativos de las autoridades en materia de seguridad pública busca solamente combatir y sancionar a la delincuencia, en particular a los llamados “halcones”, y no coartar el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía, aseguró Javier López Ríos.

Luego de hacer un análisis de la reforma al Código Penal del Estado, aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el pasado miércoles, el Presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas consideró que la sociedad debe estar tranquila sobre el uso de las redes sociales.

“Lo que se busca sancionar o castigar es aquella conducta de estar informando o alertando sobre los operativos, que es lo que hacen los llamados ‘halcones’. Ellos se dedican a alertar a sus cómplices sobre el movimiento de las policías o fuerzas federales, y eso es lo que se va a castigar”, indicó.

El profesional del Derecho consideró que la sociedad podrá seguir difundiendo en redes sociales las situaciones de riesgo, porque no encuadra en la conducta delictiva que se describe en el Código Penal.

“Además, los delincuentes utilizan otros medios de comunicación porque no lo pueden hacer abiertamente. Difícilmente podrían estarse comunicando o alertando en las redes sociales, a la vista de todos”, indicó.

Calificó de positiva la reforma al Código Penal porque contribuirá a la tarea de combate a la delincuencia que realizan los Gobiernos federal y estatal.

Como se sabe, la reforma al Código Penal del Estado, aprobada el pasado miércoles por el Pleno del Congreso local, generó un amplio rechazo en redes sociales.

Sobre todo en el apartado del capítulo de “Atentados a la Seguridad de la Comunidad”, porque se establece una penalidad de dos a cinco años de prisión a quien difunda,  o reporte de manera dolosa, a través de algún medio de comunicación, incluidas las redes sociales, sobre las acciones de las autoridades en materia de seguridad pública.

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