CARACAS, Venezuela, abril 5 (AP)
La Asamblea Nacional activó ayer el proceso de remoción de los siete magistrados del Tribunal Supremo que emitieron las dos sentencias contra el Legislativo que reavivaron las tensiones políticas en Venezuela.
La mayoría opositora del Congreso aprobó, sin la presencia de la bancada oficialista, la activación del proceso de destitución de los miembros de la Sala Constitucional del máximo tribunal, que podría extenderse por más de un mes y que ha sido objetado de antemano por la Corte y el oficialismo.
Mientras los congresistas sesionaban, centenares de seguidores del gobierno se concentraron a las afueras de Congreso para protestar contra los opositores.
Es poco probable que el proceso prospere debido a que el único órgano facultado por la constitución para investigar a los magistrados del Tribunal Supremo es el Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, todos señalados de estar vinculados al oficialismo.
Sin embargo, el diputado opositor Juan Miguel Matheus indicó que «todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a los magistrados». El legislador aseguró que en el caso de los siete magistrados de la Sala Constitucional se cumplen todas las causales para destituirlos y ser objeto de un proceso penal por el «golpe de Estado» que, aseguró, cometieron con sus recientes sentencias contra el Congreso.
Matheus dijo a The Associated Press que luego que la Asamblea Nacional presentó el 31 de marzo una solicitud ante la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo para iniciar un proceso contra los miembros de la Sala Constitucional, comenzó a correr un lapso de ocho días para que los magistrados consignen sus defensas. Al completarse ese periodo, el Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, deberá emitir un veredicto sobre la actuación de los magistrados.
En la tercera semana de este mes, el Congreso constituirá un comité de postulaciones para elegir los candidatos a magistrados, proceso que podría extenderse más allá de mayo, precisó el congresista.
El jefe de la bancada oficialista, diputado Héctor Rodríguez, rechazó las acciones de sus colegas y los acusó de actuar contra la constitución y de promover un «golpe de Estado parlamentario».
A las críticas se sumó la junta directiva de la Corte que acusó en un comunicado a la Asamblea Nacional de actuar contra la «estabilidad política» y el «orden constitucional».
A pesar de que el Tribunal Supremo revirtió el fin de semana las sentencias en las que asumía las competencias legislativas del Congreso y limitaba la inmunidad de los diputados, las tensiones políticas y las críticas internacionales no han cesado.
La capital venezolana fue escenario el martes de protestas callejeras que dejaron once heridos, uno de ellos por un disparo de arma de fuego.
«El golpe sigue y los venezolanos tenemos la obligación de restituir el hilo constitucional», dijo la víspera el dirigente opositor Henrique Capriles.
La coalición opositora convocó para el jueves a una concentración en el este de Caracas.
Desde que por primera vez en 17 años la oposición asumió en enero de 2016 el control del Congreso se inició una pugna entre los poderes públicos.
Durante estos 15 meses la Sala Constitucional ha emitido 56 sentencias para anular las leyes aprobadas por la mayoría opositora y limitar las competencias del Legislativo.
