Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- Para hacer creíble y confiable el Sistema Estatal Anticorrupción es necesario que los titulares de la Fiscalía Especializada, de la Auditoría Superior del Estado y de la Contraloría Gubernamental, sean personas que no tengan ningún vínculo con el Gobierno del Estado, advirtió la diputada del partido Morena, María de la Luz del Castillo Torres.
“El sistema anticorrupción tiene ciertas limitantes. La Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental, cuyos titulares le deben el puesto al Ejecutivo pueden sesgar su actuación cuando les toque auditar al Gobierno, por tanto debemos ir buscando los mecanismos institucionales para desvincular a estas dos dependencias y a la Fiscalía Anticorrupción del Titular del Poder Ejecutivo”, indicó.
Dijo que la corrupción en nuestro país ha sido uno de los vicios de la política mexicana, adoptados y arraigados por un presidencialismo vertical y corrupto del que hemos sido víctimas los mexicanos.
“La mayoría de los ciudadanos mexicanos asocia a la administración pública y al sistema político como una red de corruptelas, intereses atrincherados, cotos de poder reservados, actos discrecionales en el uso del presupuesto y todos los recursos públicos”, detalló.
Por este motivo, a nivel federal y local se deben impulsar iniciativas de cero tolerancia a la corrupción, donde los ciudadanos puedan tener bajo la lupa la actuación de todo servidor público, y que los funcionarios vinculados con actos de corrupción sean sancionados, dando muestra de un Estado donde se respeten las leyes y se castigue a los infractores.
“Es por ello que necesitamos construir un mecanismo anticorrupción, independiente del Poder Ejecutivo, que lo llame a rendir cuentas y lo sancione si es necesario”, indico.
Como se sabe, el pasado miércoles el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política local para crear las bases del sistema estatal anticorrupción.
Lo que sigue es crear las leyes necesarias para integrar la estructura institucional que se encargará de prevenir, detectar y castigar la corrupción que cometan servidores públicos y particulares. El plazo para hacerlo es el 18 de julio próximo.
