Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de decreto para crear una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Tamaulipas.
El ordenamiento normativo busca garantizar en la ley un mecanismo que salvaguarde la integridad física de activistas y comunicadores.
En el apartado de sanciones, se contemplan penas de dos a nueve años de prisión a quienes cometan el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Tratándose de servidores públicos los responsables, se preverá una inhabilitación también de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
El numeral 29 establece la hipótesis del delito: “comete el delito de daño a Personas de Derechos Humanos y Periodistas, el servidor público o miembro del Mecanismo, que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona, información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la persona defensora de Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiarios a que se refiere esta ley”.
La ley propuesta consta de siete capítulos y 30 artículos.
Al presentar la iniciativa, que fue enviada a Comisiones para su análisis y dictamen, el diputado Anto Adán Tovar García señaló que la ley es necesaria ante las frecuentes agresiones de que son víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
A nivel federal existe el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual sin embargo es urgente fortalecer a nivel estatal porque se ha detectado una grave carencia de interlocutores con conocimiento sobre aspectos de protección y prevención de agresiones.
Además, hay insuficiencia de fondos para una protección efectiva y la necesidad de profesionalización a quienes participan en su implementación, y por otra parte existe un desconocimiento del mismo por parte de las personas a quienes está dirigido.
Cifras de organizaciones no gubernamentales, como «Artículo 19», revelan que muchas de las agresiones contra periodistas en México son cometidas por servidores públicos.
Lo más grave, revelan, es la impunidad que envuelve a los ataques porque el 99.7 por ciento de los casos queda sin resolverse y consecuentemente no hay castigo para los culpables.
