Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de la activista social y defensora de los derechos humanos en San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.
El titular de la dependencia, Irving Barrios Mojica, precisó que los lamentables hechos no están relacionados con la fuga de internos del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de esta Capital, del pasado 22 de marzo, aunque dejó en claro que “el homicidio no quedará impune”.
Comentó que en su momento y tras la fuga de internos, la activista social, representante de un colectivo de desaparecidos en San Fernando, acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a solicitar protección, quien a su vez turnó la petición al organismo estatal, para hacer lo propio a la Procuraduría como a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
De acuerdo a los protocolos de seguridad que se siguen para este tipo de protección, el Procurador aseguró que se establecieron hasta tres rondines de vigilancia en la vivienda de la activista social, aunque el presunto imputado en el homicidio de la hija estaba privado de su libertad en el Cedes de esta Ciudad.
Aseveró que no hubo una petición directa de la lideresa hacia la Procuraduría y que la protección que se le brindó fue en esos términos, dado que en ocasiones así lo solicitan, porque el hecho de traer a la vista personal de seguridad llama todavía más la atención.
Negó Irving Mojica que haya existido omisión por parte del Gobierno del Estado o bien de la PGJE e incluso la SSP, toda vez que si bien pidió protección ante la CNDH, desde el momento en que se pidió al organismo estatal atender esta demanda se establecieron las medidas de seguridad.
Recordó el funcionario que la luchadora social pidió protección ante instancias federales, ya que llevaba algunos asuntos relacionados con dependencias del Gobierno de la República, donde denunció en su momento que no estaba siendo atendida por servidores públicos de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, de ahí que haya solicitado medidas de seguridad y responsabilizó a servidores públicos de lo que le sucediera a su integridad.
