CARACAS, Venezuela, junio 12 (AP)
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó el lunes el pedido de la fiscal general para frenar el proceso de reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro en medio de las intensas protestas antigubernamentales de los últimos meses.
La sala electoral del alto tribunal declaró “inadmisible” el recurso presentado por la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien enseguida introdujo un nuevo recurso ante esa instancia para impugnar la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal, cuyo nombramiento fue aprobado por el anterior congreso dominado por el oficialismo.
Luego de solicitar una copia de la sentencia que emitió la sala electoral contra su amparo sobre el proceso constituyente, la fiscal indicó que interpuso el nuevo recurso en un esfuerzo por “tratar de restaurar la estabilidad del país”.
El proceso de selección de esos magistrados “estaba viciado”, declaró a la cadena de noticias Unión Radio.
Ortega Díaz había solicitado el jueves a ese tribunal la anulación del proceso constituyente ahondando su distanciamiento del gobierno de Maduro, quien avanza en su iniciativa en medio de las críticas de la oposición y la tensión generada por las protestas que han dejado al menos 67 muertos, mil 300 heridos y cientos de detenidos.
La fiscal general expresó entonces que el futuro de la democracia del país estaba en juego y que es el pueblo soberano el que tiene la potestad de convocar a una constituyente.
Ortega añadió que sus familiares están siendo “objeto de amenazas” e hizo “responsable al Ejecutivo” de cualquier agresión que puedan sufrir.
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, tildó de “terroristas” a supuestos manifestantes que atacaron con bombas incendiarias de fabricación casera la sede de su Dirección Ejecutiva en el este de Caracas. Moreno añadió que trasladará la sede a otro lugar dado que estaría ubicada ahora en “un territorio sin ley”.
La mayoría de las decisiones que ha emitido en los últimos años el Tribunal Supremo de Justicia han sido a favor del gobierno y buena parte de sus 32 integrantes son señalados de estar vinculados al oficialismo.
Ortega Díaz comenzó su distanciamiento del gobierno a fines de marzo, cuando objetó públicamente dos sentencias del Tribunal Supremo en las que asumía las competencias del Congreso y limitaba la inmunidad parlamentaria y denunció una “ruptura del orden constitucional”.
Semanas después cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas y desmintió la versión del gobierno sobre la muerte de un manifestante.
El fallo se produjo al mismo tiempo que grupos de manifestantes marchaban hasta el alto tribunal para exigir la anulación del proceso constituyente.
La movilización opositora fue contenida por cientos de agentes de la Guardia Nacional que bloquearon con vehículos blindados los alrededores de la sede del Tribunal.
Muy cerca del piquete de la Guardia Nacional los manifestantes fueron repelidos por los llamados “colectivos” -grupos armados afines al gobierno que circulan en motocicletas- que intimidaron física y verbalmente a los asistentes, incluidos los periodistas. Los “colectivos” lanzaron petardos y otros fuegos artificiales contra los manifestantes para obligarlos a dispersarse.
El diputado opositor y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dijo sobre el fallo del Tribunal que “no se podía esperar otra cosa de estos señores que no se merecen llamar magistrados”.
A través de Periscope, Guevara destacó que si bien no lograron llegar a la puerta del Tribunal “ocurrió algo mucho más importante, llegamos al centro”. Por años las movilizaciones opositoras no han podido llegar al centro de Caracas, asiento de los poderes públicos, porque son bloqueadas en los límites de municipios vecinos.
El fallo también coincidió con una paralización parcial del transporte que impidió el traslado de muchos de los pobladores de Caracas y los estados vecinos de Vargas y Miranda a sus centros de trabajo y estudio.
Los transportistas dijeron que la paralización tenía como propósito levantar la voz por la inseguridad que los afecta por la alta criminalidad y los altos costos de los repuestos de las unidades en este país azotado por una inflación de tres dígitos y una severa escasez de productos, entre ellos piezas automotrices.
