CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (AP)
La Procuraduría General de la República anunció este martes hasta nueve millones de pesos (casi medio millón de dólares) en recompensas para quien ofrezca información sobre los asesinatos de cinco periodistas y el intento de homicidio de otra comunicadora, una iniciativa inusual en los ataques a la prensa.
Según lo publicado en el diario de la Federación del martes, las recompensas serían de hasta 1.5 millones de pesos (83 mil dólares) por cada uno de los informadores y serían las primeras de este tipo que se anuncian al menos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que está en la mira nacional e internacional por el incremento de ataques a comunicadores que se han sucedido en los últimos tres meses.
Desde marzo de 2016 han sido asesinados seis reporteros, el hijo de una comunicadora y el escolta de otro; dos más fueron heridos graves y otro permanece desaparecido, sucesos que han provocado pronunciamientos en favor de la justicia y la libertad de expresión de organizaciones nacionales e internacionales y hasta de gobiernos como el de Alemania.
En la lista de las recompensas el Gobierno mexicano ha incluido a Ignacio Miranda Muñoz, asesinado en diciembre de 2016 en Jalisco; a Cecilio Pineda y Miroslava Breach, a los que mataron en marzo en Guerrero y Chihuahua, respectivamente; a Maximino Rodríguez, cuyo homicidio fue en Baja California Sur en abril y a Javier Valdez, tiroteado en Sinaloa en mayo. También se incluye el caso de intento de homicidio de Sonia Córdoba en mayo en Jalisco, cuyo hijo murió en ese mismo suceso.
The Associated Press solicitó información sobre los criterios para incluir o excluir a comunicadores de esta iniciativa de recompensas pero no recibió contestación de forma inmediata.
En el listado está incluido Maximino Rodríguez, aunque ya se ha detenido a cuatro personas por su asesinato, pero, sin embargo, no están los otros dos asesinados de 2017, Ricardo Monlui, en Veracruz en marzo y Filiberto Álvarez, en Morelos en mayo.
Tampoco se ha ofrecido recompensa en los casos de Armando Arrieta y Marcela de Jesús Natalia, ambos heridos de bala, el primero en Veracruz y la segunda en Guerrero; ni en el de Julio Omar Gómez, cuyo escolta cayó muerto cuando atacaron al informador en Baja California Sur; ni en el caso el del periodista de Michoacán que está desaparecido desde hace casi un mes, Salvador Adame.
