WASHINGTON, E. U., junio 15 (AP)
Human Rights Watch instó a seis altos funcionarios de Venezuela a que respondan por las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas que han sacudido a ese país durante los últimos dos meses.
La organización humanitaria señaló, entre otros, al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López; al alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general José Antonio Benavides Torres; al ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, y al general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana.
Estados Unidos ya le había suspendido la visa y congelado los bienes a Benavides en 2015.
“Quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco criticó al presidente Nicolás Maduro por elogiar públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas callejeras que han dejado al menos 67 muertos, más de mil 300 heridos y cientos de detenidos pese a las “abrumadoras evidencias” de abusos como testimonios de víctimas y material audiovisual e información difundida por el Ministerio Público y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La organización mencionó entre los principales abusos el uso excesivo de la fuerza, el aval de ataques de grupos civiles armados partidarios del Gobierno contra manifestantes opositores, las detenciones arbitrarias y los maltratos físicos que podrían constituir tortura.
Vivanco dijo que es irreal esperar que la justicia venezolana investigue a estos funcionarios debido al control del Gobierno sobre el Poder Judicial, por lo que subrayó la importancia de sanciones administrativas impuestas por gobiernos específicos o por pesquisas en la jurisdicción universal de derechos humanos.
Human Rights Watch emitió su pronunciamiento al día siguiente de que el secretario de Estado, Rex Tillerson, anunciara en el Congreso estadounidense que compila una lista de funcionarios venezolanos a los que considera responsables de agravar la crisis en ese país para imponerles sanciones.
Tillerson no especificó los nombres de los funcionarios ni la fecha en que podrían aplicarse las nuevas sanciones pero recordó que en mayo el gobierno del presidente Donald Trump congeló activos y prohibió a estadounidenses realizar transacciones con ocho miembros del Tribunal Supremo venezolano, a los que acusó de abuso de poder y de dañar el tejido democrático del país.
En febrero el Gobierno estadounidense ordenó sanciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusó de tener un papel relevante en el narcotráfico internacional.
