Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- A través de su Casa de Cultura Jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lleva a cabo un programa de conferencias y debates enfocados al análisis y debate de la problemática que enfrentan los migrantes.
Las pláticas se ofrecen los martes de cada semana y van dirigidas a la población en general.
El programa inició el pasado seis de junio con la proyección de la película “Desierto”, y al final de la misma la doctora en Derecho, Taidé Garza Guerra, promovió un debate sobre el contenido.
El trece de junio fue desarrollada una mesa de análisis denominada, “Presentación de la Crónica de Amparo en Revisión 382/2015 en que se analiza si debe reconocerse el carácter de víctimas a familiares de migrantes desaparecidos”. El amparo se refiere al caso de la Masacre de San Fernando.
Este 20 de junio próximo será desarrollada la conferencia, “Protección Consular a Mexicanos en Extranjero y localización de Migrantes Mexicanos”. La impartirá Luis Chaco Pratt, subdirector de la Secretaría de Relaciones Exteriores, delegación Tamaulipas.
Finalmente, el 27 de junio, la Casa de la Cultura Jurídica, “Ministro Fernando de la Fuente Sanders”, cerrará el ciclo con la mesa redonda sobre los Derechos de las Personas Migrantes.
Los ponentes serán Taidé Garza Guerra, Dafne Miroslava Carrillo de León y Luis Chavo Pratt.
Cabe señalar que, paralelamente el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realiza un programa de asistencia legal a repatriados y migrantes.
“Se trata de formar un frente común como Estado mexicano para proteger de forma integral toda la esfera de los derechos humanos y legales que les reconoce la Constitución a los mexicanos que tengan esa calidad migratoria, por lo que la judicatura federal ordenó el fortalecimiento inmediato de las acciones para lograr tales objetivos”, detalló el CJF.
El programa tiene como prioridad garantizar la más amplia protección y defensa de los connacionales que residen en los Estados Unidos y que por la política migratoria adoptada por ese país se encuentran en condición de vulnerabilidad.
El programa opera con la asistencia legal gratuita de 30 asesores jurídicos federales cuyos esfuerzos de coordinación interinstitucional se despliegan principalmente en los estados fronterizos del país, como Baja California (dos en Tijuana, uno en Ensenada y cuatro en Mexicali); siete en Sonora (tres en Nogales y cuatro en Hermosillo); ocho en Chihuahua (tres en Ciudad Juárez y cinco en la capital Chihuahua); dos en Coahuila (concretamente, en Piedras Negras); y seis en Tamaulipas (uno en Matamoros, dos en Nuevo Laredo y tres en Reynosa).
