CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (AP)
La Procuraduría mexicana ha iniciado una investigación sobre denuncias de espionaje informático a periodistas, abogados y activistas con programas de spyware vendidos exclusivamente a gobiernos, informaron las autoridades este miércoles.
La Procuraduría General de la República dijo que su división encargada de investigar delitos contra la libertad de expresión indagará en la intercepción de comunicaciones privadas, el acceso ilegal a equipos de computación y otras posibles violaciones.
Los fiscales tratarán de analizar los números de teléfonos celulares atacados e identificar la fuente de las intrusiones, y se comunicarán con los proveedores de la tecnología para averiguar cuáles entidades oficiales la han adquirido.
“La Procuraduría General de la República rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones”, dice el comunicado.
El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, un grupo que vigila el Internet, informó días atrás que se utilizó el spyware Pegasus producido por el NSO Group de Israel para atacar a personas que investigaban o criticaban al gobierno, entre ellos los destacados periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.
Los blancos recibieron mensajes con enlaces que, en caso de ser cliqueados, permitían que sus artefactos de comunicaciones fueran utilizados y espiados.
Citizen Lab dijo que los indicios apuntaban a una o varias agencias del gobierno mexicano como los “probables” autores, pero añadió que no había pruebas contundentes.
El Gobierno federal respondió que realiza operaciones de inteligencia para combatir el crimen organizado y con fines de seguridad nacional, pero negó haber efectuado vigilancia sin la debida autorización judicial.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana exhortó a la Secretaría de Defensa, la Marina, la Procuraduría y la Secretaría de Interior a abstenerse de usar el spyware contra periodistas, grupos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos si poseen, como se supone, esta tecnología de espionaje informático.
Pidió a esos organismos de Gobierno asegurarse de que sus empleados no utilicen ni publiquen la información recolectada de manera ilegal.
Esto “vulnera sus derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados”, dijo la comisión en un comunicado.
Citizen Lab dijo que el uso tan descarado y evidente de la tecnología -el envío de mensajes múltiples desde los mismos dominios o el envío de mensajes idénticos a diversos destinos- sugiere que los autores querían que se sepa, como forma de intimidación.
