Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó a los gobiernos estatales acciones más enérgicas en el combate a la tortura.
En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado este 26 de junio, el organismo se refirió especialmente en su llamado a entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo.
Fue así porque recordó que a finales del 2015, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), emitió recomendaciones a los gobiernos de esos cuatro estados por irregularidades en sus centros carcelarios.
Del año 2000 a mayo de 2017, la CNDH recibió a nivel nacional 417 quejas por tortura, ha emitido cien recomendaciones, y en un caso se emitió por violaciones graves a derechos humanos. En 17 casos hubo desistimiento y en 47 se acumularon. Durante el 2017 se han registrado 56 quejas por dicho motivo.
“Por lo que hace a malos tratos, se registraron once mil 196 quejas y se emitieron 191 recomendaciones. En cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), implementó a finales de 2015 la emisión de recomendaciones, sumando a la fecha cuatro, sobre centros de reclusión penal que dependen de los gobiernos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo; así como una sobre lugares de detención dependientes de los ayuntamientos de Álamos, Banámichi, Benjamín Hill y Etchojoa, en Sonora; y una más relativa a lugares de detención de la Fiscalía General del Estado de Veracruz”, detalló.
La CNDH consideró que contar con una Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es un gran avance, pero insuficiente por sí sola para cambiar la realidad y erradicar ese flagelo en nuestro país.
Por ello, urgió a los gobiernos estatales a “materializar urgentemente el combate a la tortura mediante métodos racionales y profesionales de investigación, inteligentes y más cercanos a la cultura jurídica que se forja, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas”.
“El reto que ahora enfrentamos como país es hacer efectiva la Ley General, contar con la profesionalización de los actores en su aplicación una vez en vigor, otorgarle los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y, sobre todo, de identificarse casos de tortura, investigarlos a fondo y sancionarlos, todo ello con profesionalismo para evitar la impunidad, ya que de no ser así, seguirá dándose el fenómeno de buenas leyes pero distantes en su aplicación”, mencionó.
