WASHINGTON, E. U., junio 26 (Agencias)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos envió este lunes a una corte inferior el caso del joven Sergio Adrián Hernández, asesinado en junio de 2010 en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos por los disparos de un agente de la patrulla fronteriza estadounidense.
De manera contraria a lo que se esperaba, el Tribunal Supremo no emitió una decisión sobre el caso y lo envió de vuelta al Tribunal de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans, para que sea esa corte la que decida sobre algunas de las partes esenciales del caso.
La decisión del Tribunal Supremo supone una derrota para la familia de Hernández, que en el momento de su muerte tenía 15 años.
Los familiares de la víctima querían que el Tribunal Supremo les permitiera demandar ante las cortes estadounidenses y por la vía civil a Jesús Mesa, el agente fronterizo que disparó contra el joven y que no ha sido juzgado por Estados Unidos ni extraditado a México para enfrentar allá cargos criminales.
No estaba en cuestión si Mesa actuó de forma negligente, sino si la Constitución estadounidense tiene validez en esa “tierra de nadie” en la frontera entre México y Estados Unidos, donde no existe una línea que pueda delimitar exactamente la jurisdicción.
En su escrito, de siete páginas, los jueces reconstruyen lo que sucedió el siete de junio de 2010, cuando Mesa mató de un disparo en la cabeza a Hernández, que se encontraba en el “Puente Negro”, que une a la ciudad de El Paso (Texas, Estados Unidos) con Ciudad Juárez (México).
“Este caso involucra a un incidente trágico ocurrido en la frontera en el que un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, mientras estaba en territorio estadounidense, disparó y mató a un ciudadano mexicano, que estaba en territorio mexicano”, resumen los jueces.
Como recogen los magistrados en su escrito, existen dos versiones sobre la muerte de Hernández: la historia de la familia, respaldada por el Gobierno de México, asegura que el joven solo estaba jugando en el momento de su muerte, mientras que EU considera que Hernández era un criminal.
Desde el primer día, la familia asegura que el joven -conocido por sus amigos como “Keko”- no suponía ninguna amenaza para los agentes estadounidenses, iba desarmado y solo estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a EU y México y sobre el que se alza el “Puente Negro”.
Los chicos corrían hasta la valla metálica de Estados Unidos, la tocaban y volvían a toda velocidad hasta la parte mexicana.
Cuando Hernández volvía a la parte mexicana, el agente Mesa “sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo”, según narra la defensa en los documentos entregados al Supremo.
Lejos de esa versión, el Gobierno de EU retrata a Hernández como parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras al agente Mesa, que disparó supuestamente para defenderse.
Un video grabado con un teléfono y difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces.
Con el suceso sin resolver tras siete años, ahora, el Tribunal del Distrito Quinto tendrá que estudiar dos de las cuestiones claves del caso: si el agente fronterizo goza de inmunidad y si los ciudadanos extranjeros están protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución de EU, que prohíbe el uso injustificado de la fuerza letal.
En total, son 53 los inmigrantes muertos a manos de los agentes de la Patrulla Fronteriza entre 2010 y 2016, según la Unión para las Libertades Civiles en América, el grupo defensor de los derechos civiles más importante de Estados Unidos.
