Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- Para garantizar el pago oportuno de los honorarios a los peritos dentro de los juicios, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas.
Aunque son cuatro los artículos que serían reformados, destaca el que proponen al 353.
Una parte de la reforma propuesta detalla que “la o las partes deberán depositar en el juzgado los honorarios correspondientes, siendo condición indispensable que previamente estén depositados los honorarios, para que el perito auxiliar pueda emitir su dictamen en el plazo solicitado por la autoridad judicial”.
El Juez fijará de oficio, en el acto de la aceptación, el monto de los honorarios que se causaran por la intervención de los peritos auxiliares de la administración de justicia.
Los legisladores priistas, entre los que figuran dos ex presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señalaron que la adecuación de la legislación civil es necesaria para que se garantice de manera efectiva, que los peritos sean remunerados de acuerdo con la prestación de sus servicios, y sobre todo de manera oportuna.
Los artículos a reformar serían el 339, 340, 353 y 354.
“Por lo que hace a la adición propuesta al artículo 339 del citado ordenamiento legal, se propone que las partes, además de la lista oficial de peritos del Poder Judicial del Estado, tenga a su disposición en su caso, la lista de peritos valuadores registrados en el Gobierno del Estado, para realizar su designación.
“En relación a la reforma planteada al artículo 340 se propone que los peritos que nombre la parte actora, además de la copia simple del listado de peritos del Poder Judicial, puedan presentar, en su caso, el original o copia certificada de su registro como perito valuador en el Gobierno del Estado, como acreditación válida de su calidad de perito”, detalla la acción legislativa.
Legisladores consultados explicaron que las reformas propuestas se deben a que abundan los casos en que las partes incumplen o retrasan prolongadamente el pago de honorarios a los peritos, a pesar de que su participación en un juicio Civil es fundamental para que se dicte una resolución.
