Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- En Tamaulipas solamente dos de cada diez asuntos de materia penal son atendidos por abogados particulares. El resto, los asumen defensores públicos.
Las causas evidentes son dos: el desconocimiento o el temor al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que entró en vigor en junio del 2016, y el factor de inseguridad pública.
Esther Celina Arjona, delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, dependiente del Poder Judicial de la Federación, asegura que el 80 por ciento de los asuntos de materia penal están a cargo de los defensores públicos.
Al participar en la Semana Nacional de Acceso a la Justicia, desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de sus Casas de la Cultura Jurídica, la funcionaria federal dijo que debido a ello la carga de trabajo para los 36 defensores es enorme.
“La carga es bastante, porque el 80 por ciento de los asuntos de defensa en materia penal están a cargo de nuestros defensores, tanto en el sistema tradicional como en el acusatorio. A pesar de ello, el servicio que ofrecemos como Instituto es de mucha calidad, porque tenemos profesionistas muy bien preparados”, refirió.
Además de los 36 defensores existen nueve asesores jurídicos que apoyan a los justiciables en las materias Civil y Mercantil.
La situación es similar en el fuero común.
Eduardo Rendón, director del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, explicó que los defensores locales atienden el 90 por ciento de los asuntos de materia penal.
Al igual que en el ámbito federal, la carga de trabajo en el fuero común es extrema. Cada uno de los 119 defensores públicos tiene bajo su responsabilidad entre 80 y cien asuntos.
Dijo que la demanda de servicio de la defensoría pública ha crecido significativamente, porque en el sistema tradicional atendía el 65 por ciento de los procesos, mientras que con la llegada del sistema acusatorio el porcentaje aumentó a un 90 por ciento.
“A partir de la llegada del sistema acusatorio tenemos presencia tanto en las Unidades Generales de Investigación, en los Juzgados de Control y en los Tribunales de Enjuiciamiento”, detalló.
Abogados consultados al respecto coinciden en que la inseguridad pública está llevando a muchos litigantes a rechazar asuntos en materia penal.
“Bajo las condiciones de inseguridad pública litigar la materia penal se ha vuelto muy peligroso. Por eso muchos compañeros que se especializaban en penal han migrado a otras materias como la Civil, Mercantil, Familiar e incluso la agraria”, refirió uno de los litigantes.
Admitieron que el desconocimiento o temor al sistema acusatorio también ha provocado que haya menos litigantes particulares en materia penal, sobre todo porque las audiencias son orales y públicas.
“Muchos compañeros tienen pánico escénico y prefieren no agarrar asuntos penales”, mencionó.
