CARACAS, Venezuela, julio 5 (AP)
Habían pasado varias horas del enfrentamiento entre presuntos simpatizantes del Gobierno con empleados y congresistas en la Asamblea Nacional, pero las imágenes no dejaban de circular en la prensa internacional: hombres enmascarados pateando a otros, un legislador con la cabeza ensangrentada y banderas venezolanas ondeando a media calle.
El mismo día en que Venezuela debía celebrar el aniversario de su independencia, este choque dejó un saldo de al menos 12 heridos mientras el presidente Nicolás Maduro presidía un desfile militar. “No acepto violencia de nadie”, dijo hacia el final del evento, y pidió que se investiguen los hechos que calificó de “extraños”.
Todo inició a medio día. Desde temprano se congregaron manifestantes para protestar en diversos puntos de la ciudad y luego ingresaron a los patios del Congreso. Una vez ahí se abalanzaron hacia la entrada de la sala protocolar de la Asamblea y se enfrentaron a diputados opositores y empleados.
Algunos manifestantes con pasamontañas negros portaban pistolas e hicieron disparos al aire mientras otros lanzaban gases lacrimógenos y fuegos artificiales. En un intento por defenderse, algunos empleados del Congreso utilizaron extintores.
Tras una intensa golpiza, los guardias nacionales que custodian la instalación sacaron a los manifestantes. Sin embargo, supuestos seguidores del gobierno tomaron los alrededores del Congreso y por más de ochos horas impidieron que diputados, empleados y periodistas salieran del lugar.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, dijo la tarde del martes que cinco diputados opositores y siete trabajadores resultaron heridos. “Un gobierno que hace lo que hizo hoy con su Parlamento es un gobierno débil, es un gobierno caído, es un gobierno cobarde”, afirmó Borges, y dirigiéndose a Maduro aseveró: “no se equivoque… Representamos a todo el pueblo venezolano y haremos valer los derechos”.
Tras los hechos violentos, algunos medios locales difundieron imágenes de Américo De Grazia, un legislador que terminó inconsciente tras ser golpeado en la cabeza y fue llevado a un centro de salud. A su vez, el diputado Armando Armas sufrió una herida similar.
Oswaldo Rivero, conductor de un programa de la televisora estatal e integrante de un grupo prooficialista, asumió la responsabilidad de la toma de los alrededores de la Asamblea Nacional y dijo en un video que difundió en Twitter que la acción forma parte de una protesta contra “los que nos han escondido la comida, los que están haciendo actos terroristas, los que vienen haciendo actitudes en contra del pueblo, que están saqueando, que están quemando”. Horas antes, el vicepresidente Tareck El Aissami llamó a las “fuerzas de la patria” y al “pueblo de a pie” a ir al Congreso.
Durante los casi 60 años de historia democrática, los presidentes acudían al palacio legislativo para celebrar la independencia, pero desde el año pasado Maduro rompió esa tradición debido a que el Congreso pasó al control de la oposición.
Después de los enfrentamientos, los gobiernos de Estados Unidos, España, Colombia, Reino Unido, México, Panamá y las naciones que integran el Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— condenaron los hechos.
El mismo día, el inspector de la policía judicial Oscar Pérez, quien piloteó el helicóptero que atacó dos organismos públicos, difundió en redes sociales un video en el que anunció la “segunda fase” de su plan contra el gobierno de Maduro sin ofrecer más detalles. Pérez, quien aparece en la grabación con una bandera venezolana y un arma larga, llamó a enfrentar la reforma de la constitución que impulsa Maduro.
Horas después, se difundió a través de Youtube un tercer video. En éste, Pérez anuncia que la brigada de acciones especiales de la policía judicial y demás componentes de seguridad tienen la disposición para “desarticular” a los grupos prooficialistas armados, conocidos como “colectivos”, e indicó que Maduro y su equipo se encuentran en el fuerte militar Tiuna, al oeste de la capital. “Para allá es que tenemos que ir a buscarlos”, agregó.
El policía de 36 años atacó las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia el 27 de junio desde un helicóptero de la Policía Judicial, que había robado de una base aérea militar de Caracas- Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el pronunciamiento de Pérez.
Desde hace cuatro meses el gobierno de Maduro enfrenta protestas casi diarias que han dejado 91 muertos y más de mil 400 heridos.
