SAO PAULO, Brasil, julio 13 (AP)
El ex presidente Luiz Inácio da Silva se defendió públicamente el jueves, tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero, al acusar a sus oponentes políticos de tratar de impedir que vuelva a ser presidente.
Un juez federal lo halló culpable en la víspera y lo condenó a casi diez años de cárcel, aunque el carismático dirigente sigue en libertad mientras apela el fallo.
En un discurso breve y por momentos emotivo, Silva dijo a sus partidarios en Sao Paulo que la corte no tenía pruebas y la condena respondía a motivos políticos.
“Desde este momento quiero pedirle al Partido de los Trabajadores el derecho de ser candidato a presidente”, vociferó.
“¡Lula presidente!”, rugió la multitud.
El ex presidente fue acusado de recibir un apartamento frente al mar y reparaciones a la propiedad como soborno de una empresa de construcción, OAS. Silva nunca poseyó el apartamento, pero los fiscales sostienen que la intención era dárselo.
El caso es parte de la investigación por corrupción más grande que se haya realizado en Brasil, y decenas de políticos y empresarios han sido encarcelados. Pero Silva es la figura más importante en ser condenada hasta la fecha, el primer ex presidente hallado culpable en un proceso penal, al menos desde la restauración de la democracia en los 80.
Aunque el juez Sergio Moro defendió la decisión afirmando que se basaba únicamente en la ley, Lula tachó el juicio de caza de brujas.
El primer presidente de Brasil de clase trabajadora, condenado a casi diez años de prisión, permanecerá en libertad mientras se dirime su apelación, pero ahora es el primer ex presidente condenado en un proceso penal al menos desde la restauración de la democracia en la década de 1980.
Mientras tanto, el actual presidente, Michel Temer, afronta sus propias acusaciones de corrupción.
“Es muy inusual tener a un ex presidente condenado por corrupción y al mismo tiempo a un presidente en el cargo también bajo investigación”, dijo Sérgio Praça, politólogo en la universidad Fundaçao Getúlio Vargas en Río de Janeiro. “Hoy es un momento enorme para la historia brasileña, para bien o para mal”.
Los brasileños han pasado por tres años accidentados conforme la creciente operación “Autolavado” revelaba un nivel de corrupción que ha conmocionado hasta a los más cínicos. Al mismo tiempo, Dilma Rousseff fue impugnada y destituida por gestionar de forma ilegal el presupuesto federal. Y ahora su sucesor, Temer, se ve asediado mientras la cámara baja del Congreso decide si se le suspende y somete a juicio.
La pesquisa se centró en un principio en miembros del Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula, pero desde entonces ha derivado en cargos por mala conducta contra políticos de todas las corrientes. Eso ha avivado el descontento contra los privilegiados mientras Brasil lucha con su peor crisis económica en décadas.
Los brasileños toman las calles con frecuencia, ya sea para apoyar a políticos que creen están siendo atacados de forma injusta o para respaldar a los fiscales y jueces que los investigan.
