CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (Agencias)
El Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor con graves carencias, aseguró la Arquidiócesis Primada de México a través del editorial del semanario religioso Desde la Fe.
La Arquidiócesis Primada de México criticó cómo empezó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues a pesar de que el pasado 19 de julio entró en vigor, sigue con muchos vacíos como la falta del Fiscal Anticorrupción o las reformas constitucionales en los estados.
En el editorial del semanario Desde la Fe se cuestiona a los legisladores federales los retrasos en el cumplimiento de los plazos que ellos mismos se pusieron, como es el caso de la designación del Fiscal Anticorrupción, pues a pesar de que los candidatos ya están definidos desde hace meses, aún siguen sin elegirlo.
“La falta y violación a los mismos términos impuestos solo se salva por los argumentos vacíos de los responsables por corregir sus mismas reglas a través de acuerdos, en franca contravención a lo establecido en la Constitución”, dice el Semanario.
Los retrasos no solo son de los legisladores locales, también de los locales, ya que solo 14 de 32 entidades federativas ya realizaron su reforma constitucional para armonizar sus leyes locales con la federal, añade el texto.
Para la Arquidiócesis, estos retrasos son muestra de negligencia de parte de los políticos hacia la corrupción, un mal que favorece el crecimiento del crimen organizado, destruye la democracia, aniquila la marcha del país, cuyas autoridades no generan confianza entre la sociedad.
“El Sistema (Nacional Anticorrupción) nace sin la voluntad de la clase política. Con esta negligencia surge inevitable una pregunta ¿por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque esta se ha convertido en su motor?”, cuestiona Desde la Fe.
Mencionó que desde mayo de 2015, cuando se promulgó la reforma que estaría encaminada a combatir a la corrupción, se ordenó la estructuración de una legislación que reglamentara el sistema nacional, pero que el conjunto de leyes que el Congreso de la Unión estaba obligado a conformar, no tuvieron tersas negociaciones.
“Al contrario, pasaron por resistencias de la clase política, bajo el tamiz de la ciudadanía que ha exigido la designación de autoridades con capacidades plenas, así como castigar las deshonestidades de la corrupción”.
El editorial concluye que de nada sirven las buenas intenciones si los mexicanos siguen “diezmados” por la corrupción.
