diciembre 13, 2024
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julio 25, 2017 | 150 vistas

Julio Manuel L. Guzmán.-

Reynosa, Tam.- Los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, encabezaron en Reynosa la destrucción de 2 mil 261 armas de fuego decomisadas en ambos estados y en San Luis Potosí.

En evento celebrado en la Octava Zona Militar, y con la presencia de autoridades federales, militares y de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, los gobernadores, aseguraron que con esta acción se demuestra a la sociedad el esfuerzo que se realiza para regresar la paz y tranquilidad a dichas entidades.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ponderó el esfuerzo que realizan las autoridades de la Semar, Sedena, Policía Federal y Policía Estatal, para combatir a los grupos criminales que operan en dichas regiones.

Refrendó su compromiso de apoyar y trabajar de la mano con el gobierno federal, y los gobiernos de Nuevo León y San Luis Potosí para regresar la paz que demanda la ciudadanía.

Por su parte el General Luis Cresencio Sandoval González, encargado de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, en su discurso destacó que el armamento fue asegurado, y no volverá a causar daño a la sociedad civil.

Aseguró que a través de procedimientos legales de la autoridad judicial las armas decomisadas son puestas bajo control de la Sedena para su destrucción o en algunos casos para su uso licito.

«Hoy vemos materializado el trabajo de las fuerzas encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía al llevar a cabo la destrucción de dos mil 261 armas aseguradas en las entidades antes citadas», indicó.

Detalló que de estas armas, 459 fueron aseguradas en Nuevo León, 685 en San Luis Potosí, y 1117 en Tamaulipas.

Se informó que las armas fueron empleadas para cometer delitos, por grupos delictivos que afectan a la sociedad, que causaron accidentes o incidentes lamentables, generando daños irreparables.

La seguridad como condición esencial para impulsar el desarrollo sostenido de una nación constituye una necesidad colectiva que tiene una relación directa con el ejercicio de los derechos del ciudadano, en un marco pleno de libertades.

Para concluir el General Sandoval González, remarcó que estas acciones son en cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018, que contempla la implementación de políticas públicas destinadas a prevenir y disminuir factores de riesgo para alejar a la población de la posible comisión de faltas o delitos.

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