CIUDAD DE MÉXICO, julio 31 (Agencias)
Las expresiones de violencia en contra de los niños y adolescentes en México son muy “graves y dolorosas”, pero ello no parece despertar la “alarma social”, aseguró Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
El funcionario aseguró que a partir del diagnóstico que se tiene y para cumplir con las obligación asumida a nivel internacional para enfrentar situaciones como el abuso físico, emocional, la trata, la tortura, el castigo, el acoso escolar y el que se da en Internet, la Secretaría de Gobernación presentará el próximo miércoles el Plan Nacional de Acción para poner fin a esa diversidad de formas de violencia y se hará en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos internacionales, sector empresarial, de la sociedad civil y académica del país.
Adelantó que el plan tiene siete estrategias con distintas líneas de acción y por cada punto se está haciendo una descripción de las metas a alcanzar para combatir la violencia de fondo y disminuir sus índices, hasta “desnormalizarla”.
En entrevista, Bucio Mujica señaló que en el país no existe un lugar que esté libre de la violencia a niños y adolescentes. De hecho, enumeró aquellos municipios focalizados por el tipo de violencia que se presentan con mayor incidencia. En el caso de embarazo adolescente e infantil: están Ciudad Juárez, en Chihuahua; el municipio de Aguascalientes, Puebla; la capital de Durango y la ciudad de San Luis Potosí.
En cuanto a la desaparición de adolescentes, destacan Tamaulipas, el Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua, “vinculada a la violencia producida por el crimen organizado”.
Por lo que hace al turismo sexual infantil, la mayor incidencia se presenta en los principales destinos de playa: Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos, por lo que las acciones a desarrollar deben asumirse en colaboración con los tres órdenes de gobierno e involucrar a la sociedad civil.
El presupuesto y la infraestructura para la protección de los más de 40 millones de niños y adolescentes que hay en el país es insuficiente, por lo que se requiere de una partida específica para la atención de este sector de, al menos, dos mil millones de pesos, afirmó.
Resaltó que cada Estado debe destinar, por lo menos, 70 millones de pesos para la protección de su población infantil. El funcionario aseguró que de los 32 estados de la República, sólo Coahuila cuenta con un mecanismo de protección especial para la infancia, que opera en toda la entidad, tiene una Procuraduría de Atención Infantil que forma parte del gabinete de seguridad, su propia Policía de Búsqueda e Investigación, así como su fiscalía y Ministerio Público con abogados especializados en la defensa de los niños y adolescentes.
Previo a la presentación de la alianza, que México suscribió el año pasado, Bucio dijo que tiene como objetivo la articulación de acciones gubernamentales, de la sociedad civil, instituciones académicas, así como de la iniciativa privada para generar la corresponsabilidad que cada uno de los sectores de la sociedad tiene en la violencia contra la infancia.
