CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (AP)
El escándalo de espionaje a activistas de México se extendió el miércoles, después de que se conoció que incluyó a dos reconocidos abogados que investigaban casos de violación a los derechos humanos, entre ellos el asesinato de un fotoperiodista y una activista.
Una investigación del grupo Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, afirmó que David Peña y Karla Micheel Salas recibieron el malware a través de mensajes en septiembre y octubre de 2015, justo después de asumir el “caso Narvarte” y de cuestionar la actuación de las autoridades en el mismo.
En concreto, ambos abogados representan a tres de las cuatro mujeres torturadas y asesinadas junto con el fotógrafo Rubén Espinosa en la colonia Narvarte de la capital mexicana el 31 de julio de ese año. Una de las víctimas era la activista Nadia Vera, que al igual que Espinosa huyó meses antes de Veracruz por amenazas del funcionarios de ese estado, entonces gobernado por Javier Duarte, un político del oficialista Partido Revolucionario Institucional -del presidente Enrique Peña Nieto- hoy encarcelado por delitos de corrupción.
El sistema Pegasus espía a través de los celulares y se vende exclusivamente a gobiernos, supuestamente para vigilar a criminales y terroristas. Citizen Lab ya había confirmado su empleo contra otros 19 objetivos: periodistas que habían denunciado casos de corrupción que llegaban hasta el presidente, activistas que proponían gravar las bebidas azucaradas, políticos de oposición, o incluso expertos extranjeros que indagaban con estatus diplomático en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 a manos de autoridades vinculadas con el crimen organizado.
Según John Scott-Railton, uno de los artífices del informe de la universidad canadiense, los casos evidencian “un patrón” porque los objetivos del espionaje han sido “abogados e investigadores cuyo trabajo contradice las tesis oficiales”.
“Cada vez que encontramos nuevos casos pensamos, ‘esto debe ser lo más conflictivo’ pero cada vez nos sorprendemos, en México ya hay 21 (personas afectadas) y en Panamá docenas más”, añadió.
El sistema Pegasus de la empresa israelí NSO Group funcionaba mediante el envío de mensajes de texto con un vínculo. Al abrirlo, el software convertía el celular en un dispositivo de espionaje y permitía activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo el contenido almacenado en el aparato.
David Peña recibió un texto que le informaba de un supuesto caso de extorsión que afectaba a un grupo de abogados con el que trabajaba y tiempo después un segundo mensaje pero, según dijo a The Associated Press, no abrió ninguno de ellos.
Salas, sin embargo, sí lo hizo cuando leyó en su celular: “Karla en la madrugada falleció mi padre estamos devastados, te envío datos del velatorio, espero puedas venir”.
Por este motivo, la abogada se mostró muy preocupada ante la posibilidad de que quien quisiera espiarla haya podido tener acceso a “información sensible” que le confiaron víctimas y que podría poner a gente en peligro, máxime porque muchas de esas personas “ya han estado en situación de riesgo por denunciar o exigir justicia”.
“Considero que quienes podrían estar interesados en espiarnos solo podrían ser agentes estatales”, añadió en conversación con AP.
Los abogados, ambos miembros de un mismo colectivo y que llevaban también temas de feminicidios o trata de personas, acababan de presentar en octubre de 2015 en la asamblea de Ciudad de México un informe con diez crímenes emblemáticos ocurridos en la capital y que habían quedado impunes, como el de Narvarte o el secuestro y ejecución de 12 jóvenes que desaparecieron del Bar Heaven en 2013 y cuyos cuerpos fueron localizados meses después en una fosa clandestina.
Para David Peña, el caso Narvarte es el que más pudo provocar que alguien quisiera espiarles “por su relevancia, por su complejidad y para saber qué sabemos nosotros ya que tiene implicaciones en Veracruz y con grupos de sicarios que operan en Ciudad de México”.
Además, la Comisión de Derechos Humanos de la capital acaba de evidenciar que la fiscalía local cometió negligencias en la investigación de este crimen, así como omisiones y violaciones al debido proceso y a la verdad.
Ya está confirmado que el Gobierno federal mexicano compró el software espía a NSO Group, pero no está claro todavía quién lo usó ni para qué. Las autoridades han negado cualquier utilización ilegal del mismo.
Según Luis Fernando García, del colectivo R3D que colaboró con Citizen Lab, al menos dos departamentos del ejecutivo federal lo adquirieron, pero no tienen datos de que lo tuviera ningún gobierno estatal.
A pesar de que el presidente Peña Nieto minimizó el tema, la Procuraduría General de la República -una de las oficinas que compró Pegasus- ha abierto una investigación, aunque los afectados dudan que la fiscalía pueda investigarse a sí misma y por eso han exigido una indagatoria independiente, internacional y al más alto nivel.
Mientras tanto, García indicó que siguen analizando más mensajes de otros posibles afectados pero que lo que urge es que se investigue el origen de los mismos.
