CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro afirmó el miércoles que el señalamiento de la empresa de tecnología informática Smartmatic sobre la supuesta manipulación de los resultados de las elecciones de la Asamblea Constituyente busca manchar el proceso y denunció presiones de Estados Unidos contra la firma.
“Ahora no tienen a nadie en el país que salga a pegar un grito. Entonces, con las presiones de cierre de cuentas (bancarias), hicieron que un tipo de una empresa, que tiene su sede en Londres y sus cuentas en Estados Unidos, tratara de manchar el proceso electoral», afirmó Maduro en un acto realizado en el Poliedro, un gigantesco centro de espectáculos ubicado en el suroeste de Caracas, ante al menos 500 de los 545 asambleístas electos el domingo.
Maduro hizo sus comentarios horas después de que la presidenta del Consejo, Tibisay Lucena, rechazara las afirmaciones del director general de Smartmatic, Antonio Mugica, sobre la discrepancia de un millón de votos en las cifras de participación en los comicios.
Lucena, vinculada al oficialismo, indicó que Smartmatic, que es proveedor del Consejo desde 2004, participó en todas las auditorias del proceso.
“El Poder Electoral se reserva acciones legales a tan irresponsables declaraciones”, agregó.
La funcionaria, que fue sancionada la semana pasada por Estados Unidos, dijo que el Poder Electoral venezolano ha sido víctima de diversas agresiones como la quema de 181 máquinas electorales, el bloqueo de las cuentas en el exterior de algunos proveedores y “ataques cibernéticos”, pero no ofreció detalles.
En tanto, la mayoría opositora del Congreso aprobó en una sesión especial y sin la presencia de diputados oficialistas solicitar al Ministerio Público que abra una investigación penal a los directores del Consejo por «inflar» la cifra de votantes.
“El resultado que se anunció fue tramposo», dijo el presidente del Congreso, Julio Borges, a la prensa al asegurar que no solo hubo un «fraude» en la convocatoria a la Asamblea Constituyente sino que la «elección fue fraudulenta».
El vicepresidente del Congreso, diputado Freddy Guevara, instó al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, a pronunciarse sobre los cuestionamientos que han surgido sobre el proceso electoral. En medio de la crisis política, la fuerza armada se ha convertido en uno de los principales soportes del gobierno de Maduro.
A las críticas se sumó uno de los cinco directores del Consejo, Luis Emilio Rondón, vinculado a la oposición, quien expresó que el organismo electoral está obligado a realizar las auditorías para aclarar los resultados de las elecciones.
Lucena anunció el domingo que ocho millones de personas habían participado en la elección de la Asamblea Constituyente que será instalada el viernes, un día después de lo dispuesto originalmente, informó Maduro.
El mandatario ha dicho que la Asamblea Constituyente tendrá entre sus primeras tareas “tomar el mando” de la Fiscalía y revisar la inmunidad de los diputados.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien está enfrentada al gobierno, y el Congreso desconocieron los resultados de los comicios.
La oposición sostiene que en la elección sólo participaron 3,5 millones de votantes y asegura que muchos de ellos, entre los que se incluyen empleados públicos y beneficiarios de programas estatales, fueron forzados a votar bajo amenaza.
Ortega Díaz anunció que abrirá una investigación penal ante las denuncias de personas que aseguran fueron amenazadas para que sufragaran.
En el programa «Conclusiones» de la cadena CNN, Ortega destacó que la investigación se enfocará sobre todo en el desempeño y posible responsabilidad de cuatro de los cinco miembros del directorio del organismo electoral, que son afines al gobierno.
Afirmó que «este hecho tan escandaloso» podría generar más «violencia de la que hemos vivido», dado el rechazo de muchos venezolanos a la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
«Pedimos que se haga auditoría con expertos nacionales e internacionales» puesto que es posible que «ni siquiera hayan participado el 15% de los electores en la elección de la Constituyente», agregó.
Más de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, han objetado la elección y desconocieron sus resultados. Washington, que hace unos días congeló los activos de Maduro en territorio estadounidense y prohibió hacer tratos con él, amenazó también con imponer sanciones económicas a Venezuela si el mandatario sigue adelante con el proceso para reformar la constitución.
Maduro también anunció el miércoles la designación como nuevo canciller de Jorge Arreaza en sustitución del historiador Samuel Moncada, quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores por escasos 41 días.
Arreaza, yerno del fallecido presidente Hugo Chávez, venía de desempeñarse como ministro de Desarrollo Minero. Moncada, por su parte, asumirá nuevamente los cargos de viceministro de América del Norte y embajador ante la OEA, que ostentó hasta el 21 de junio, indicó Maduro.
El Consejo Nacional Electoral _controlado por el oficialismo_ ha dirigido en los últimos 18 años más de media docena de elecciones que se han realizado sin mayores cuestionamientos. Las autoridades siempre han alardeado que el sistema electoral venezolano es uno de los más modernos y confiables del mundo.
Pero desde Londres Mugica dijo el miércoles que hubo una discrepancia de un millón de votos entre las cifras de participación anunciadas por el gobierno y las registradas por sus sistemas.
“Lamentamos profundamente deber informar que las cifras de participación del domingo 30 de julio para la Asamblea Constituyente de Venezuela fueron alteradas”, indicó Mugica.
Smartmatic es una empresa creada por venezolanos en Caracas para proveer máquinas electrónicas de votación a Chávez. Últimamente se ha expandido para brindar los mismos servicios a diversos países al tiempo que sigue haciéndolo en Venezuela.
La polémica desatada tras la denuncia de Smartmatic acrecienta la tensión política que enfrenta el país sudamericano generada por las protestas antigubernamentales, las cuales se han extendido cuatro meses y han dejado al menos 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.
