CARACAS, Venezuela, agosto 9 (AP)
El Congreso venezolano rechazó este miércoles subordinarse a la Asamblea Constituyente, lo que hace prever una agudización de la pugna entre los poderes de un país agobiado por la crisis económica y las continuas protestas.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó, sin la presencia de los diputados oficialistas, el rechazo al decreto que emitió la víspera la Asamblea Constituyente en el que subordinó todos los poderes públicos al nuevo cuerpo.
“Desconocemos la Constituyente como un todo”, dijo el diputado opositor Juan Pablo Guanipa durante la sesión y señaló al presidente Nicolás Maduro de utilizar el proceso de reforma de la constitución como “pretexto” para “hacer lo que le dé la gana”.
“No nos hemos rendido y jamás nos vamos a rendir”, afirmó el legislador Williams Dávila al descartar que la oposición vaya a ceder ante la Asamblea Constituyente, que el martes amenazó con limitar funciones y aplicar la ley a los poderes que no cumplan las normas.
El segundo vicepresidente de la Constituyente, Isaías Rodríguez, defendió este miércoles las últimas medidas que tomó ese cuerpo y dijo a la radio local Onda que lo que se busca con el proceso constituyente es actualizar la carta magna y superar “algunos gazapos en materia económica que matan al pueblo con una inflación inducida”.
Desde que inició sus sesiones ordinarias el sábado con la remoción de la fiscal general, la Asamblea Constituyente —controlada por el oficialismo— dejó claro su objetivo de tomar acciones contra los opositores que promovieron las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses que han dejado al menos 122 muertos y casi 2.000 heridos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, agradeció el respaldo de los cancilleres de 12 países latinoamericanos que desconocieron a la Constituyente y sus actos por “su carácter ilegítimo” y dijo en un discurso que esa declaración abre el camino para eventuales sanciones a funcionarios por supuesta corrupción, narcotráfico y violaciones de los derechos humanos.
La declaración de Borges coincidió con el anuncio de Washington de nuevas sanciones para seis constituyentes, entre ellos una de las directoras del Consejo Nacional Electoral.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática anunció el miércoles que inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral sus precandidatos para participar en las elecciones de gobernadores, que están previstas para diciembre.
El dirigente Andrés Velásquez dijo a la prensa que la oposición irá con candidatos unitarios, con lo que descartó la posibilidad de divisiones en la alianza. Velásquez afirmó que la decisión de la oposición de ir a las elecciones regionales no los desviará de su plan de mantener las protestas callejeras y otras acciones para presionar al gobierno de Maduro.
Mientras tanto el Tribunal Supremo de Justicia, afín al gobierno, convocó a una audiencia en la que debatirá la posible destitución y arresto del alcalde opositor del municipio capitalino de El Hatillo, David Smolansky, por no obedecer una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías que mantenían trancadas los manifestantes en protesta contra el Gobierno.
Smolansky es el quinto alcalde opositor procesado por el máximo tribunal en menos de un mes.
La Corte ordenó el martes la destitución y condenó a 15 meses de prisión al alcalde del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, por incumplir una sentencia similar a la de Smolansky. Muchacho, que se mantiene en la clandestinidad, difundió la noche del martes un video en el que manifestó que lo persiguen y castigan por “hacer mi trabajo, por garantizar la manifestación pacífica”.
Venezuela atraviesa la tensión política en medio de una crisis dominada por una inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una contracción económica que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año el 12 por ciento.
