Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- Las reformas a la Ley del Transporte Público del Estado aprobadas el seis de mayo del 2015, siguen sin reflejarse en la realidad porque el servicio que reciben los tamaulipecos continúa siendo deficiente y peligroso.
Catalogadas y presumidas en su momento como el inicio de la era modernizadora del transporte público en la entidad, las adecuaciones al ordenamiento normativo que regula esa materia no han avanzado más allá del papel.
Las evidencias están a la vista de cualquiera en todas las ciudades de Tamaulipas: unidades en pésimas condiciones mecánicas, muchas de ellas prácticamente chatarra rodante; choferes que maltratan a los usuarios y violan impunemente las más elementales reglas de tránsito; y una cada vez más alta incidencia de accidentes viales en las que participan vehículos del transporte público.
La ley es severa, exigente, casi perfecta, pero de poco o nada sirve porque no se aplica.
“Estamos seguros que estas adecuaciones contribuirán a perfeccionar las medidas y acciones orientadas a una mejor estructuración y prestación del servicio público de transporte, por lo que como órgano legislativo estaremos coadyuvando a que en nuestro estado se eleve la calidad del transporte público”, señalaron en la exposición de motivos del dictamen respectivo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes que encabezaba en la anterior legislatura el entonces coordinador de los diputados panistas, Francisco Elizondo Salazar.
Y añadieron: “Como dictaminadoras, justificamos nuestra postura a favor de la iniciativa del Ejecutivo que se dictamina, conjuntamente con las modificaciones acordadas en la reunión de comisiones, toda vez que la percepción de los usuarios del transporte en el Estado, es que este servicio debe mejorar en todos los aspectos a fin de brindar un servicio digno que merece la población tamaulipeca, y esta propuesta viene a contribuir a su mejoramiento integral”. LXII-579, del seis de mayo de 2015.
Las reformas hechas a la Ley del Transporte Público nacieron de dos iniciativas: una que envió el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú, y otra que presentó la bancada del PAN.
En el papel las reformas lucían casi perfectas. En la realidad no se han concretado.
Por ejemplo, se estableció en la ley que se aceleraría la renovación del parque vehicular del transporte público, para que no se entregaran concesiones a unidades con más de cinco años de antigüedad. No se ha hecho.
Se incorporó el concepto “Del Sistema Empresarial” en el Título Décimo Segundo, como define a la organización que implementen las personas físicas debidamente agrupadas por ruta, o morales, para obtener mayores beneficios y paralelamente mejorara en un mejor servicio a los usuarios.
Sin embargo, no se ha creado ninguna empresa.
Los legisladores también determinaron que todos los taxis serían equipados con taxímetros para evitar abusos contra los usuarios. No se ha cumplido.
Además de ello, las unidades del transporte público en general deberán estar equipadas con localizadores de GPS, pero en la realidad no se atiende esa exigencia.
La ley contiene disposiciones para regular el uso de la publicidad en las unidades del transporte público, pero el incumplimiento es evidente.
