Madrid, 14 Sep.- Las principales asociaciones de jueces de España afirmaron hoy que el gobierno de Cataluña “pierde el carácter de autoridad y no debe ser obedecido” en su proyecto independentista.
Las agrupaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente emitieron este jueves un comunicado conjunto sobre la situación en Cataluña, ubicada en el noreste de España.
La posición conjunta de los jueces responde a la iniciativa de la Generalitat de Cataluña de realizar un referéndum de independencia el 1 de octubre próximo, a pesar de la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional y de las indagaciones de la Fiscalía para impedirlo.
En su manifiesto los jueces aseguraron que la desobediencia de la Constitucional y demás normas españolas en que incurre la Generalitat de Cataluña, “no es un acto heroico, sino totalitario”.
Los jueces exponen que las leyes de referéndum y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República del Parlamento de Cataluña, en que basa sus actuaciones la Generalitat, se sitúan “fuera del marco que sustenta su propia autoridad”.
Recordaron que ante lo que ocurre en Cataluña “no corresponde a los miembros del Poder Judicial interpretar la historia ni resolver conflictos políticos”, sino ejercer la función jurisdiccional y hacer cumplir la Constitución.
Por ello, alertaron a los catalanes que no están obligados a cumplir las leyes en que se basa el proyecto independentista, mientras que “los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional”.
“Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia no es un acto heroico, sino totalitario”, enfatizaron.
Mientras, la tensión entre el gobierno catalán y las autoridades españolas se mantiene por la celebración del referéndum, ante el que la Fiscalía investiga a más de 700 alcaldes que han suscrito su adhesión a la consulta.
El gobierno español cerró la página de internet de la Generalitat de Cataluña sobre el referéndum, pero de inmediato se abrió otra con sede en otros países.
Además, Correos de España avisó a sus sucursales en Cataluña que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta y que por tanto deben abstenerse de distribuir las cartas que para su realización envíe la Generalitat.
