CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (Notimex)
La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Migración para sancionar con la inhabilitación al servidor público del Instituto Nacional de Migración que haga uso indebido o proporcione a terceras personas documentación migratoria y por violar derechos humanos de los migrantes.
El dictamen, que fue avalado con 416 votos y remitido al Senado de la República, modifica los artículos 109 y 140 de dicha ley y establece que quienes ingresen a una estación migratoria también tendrán los derechos que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.
Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputado Gonzalo Guízar Valladares, explicó que actualmente dicha norma sólo considera sancionar con destitución al servidor público que filtre información de la condición migratoria de las personas o viole sus derechos humanos.
La reforma, añadió, busca no solamente destituir a quien violente este precepto, también inhabilitarlo sin detrimento de las otras disposiciones legales aplicables a la materia.
El legislador destacó la importancia del dictamen y que el castigo sea congruente con lo que ya establecen disposiciones de mayor jerarquía en materia de sanciones. “Hoy estamos armonizando no solamente sancionar al servidor público que infrinja la norma en este concepto, sino también inhabilitarlo”.
Por su parte, la diputada del Partido Verde, Lorena Corona Valdés, promovente de la reforma, refirió que acorde con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cada año transitan por el territorio nacional aproximadamente 500 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de países centroamericanos; de ahí la relevancia del dictamen que incide en la protección de sus derechos humanos.
Consideró que la sanción actual, que es la destitución del servidor público, es insuficiente pues la gravedad de esas faltas es mayor, ya que atentan directamente contra la dignidad del ser humano al violar sus derechos humanos, algo inadmisible para cualquier sociedad”.
Enfatizó que es responsabilidad del Gobierno mexicano, representado por los agentes estatales, respetar los derechos humanos de personas que transitan en calidad de migrantes a lo largo del territorio nacional, conforme lo dispone la Ley de Migración.
