Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por los malos tratos que reciben los adultos mayores recluidos en los centros penitenciarios, y exhortó a los gobiernos federal y estatales a implementar acciones que garanticen una vida digna a estas personas.
“Derivado del análisis de los resultados de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, se reconoce la urgente necesidad de promover, para todas las personas mayores, el acceso a una vida digna durante el tiempo de su reclusión, ya que se han observado significativas deficiencias en la atención de esta población”, detalló el organismo defensor de la dignidad de los mexicanos.
En ese sentido, urgió a la realización de acciones afirmativas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los adultos mayores en reclusión penitenciaria.
“Este organismo nacional ha señalado las condiciones de desventaja que subsisten para la atención de esta población en general, que se incrementa por el hecho de estar privados de la libertad y tener además algún tipo de padecimiento físico o mental”, mencionó.
Entre las principales violaciones a derechos humanos hacia este grupo, destaca el relacionado con la estancia digna e integridad personal, que se relaciona con la infraestructura adecuada para poder atender las necesidades de clasificación, ubicación y desplazamiento, programas de atención a la salud especializada acorde a su edad, situación física y psíquica, equipos de apoyo para poder moverse con independencia (andaderas, sillas de ruedas y bastones entre otros), así como de aquellas condiciones que propician mayor vulnerabilidad y desventaja de este grupo con respecto a otros internos.
La CNDH propuso, en consecuencia: Armonizar la normatividad existente para el reconocimiento de la protección a toda persona mayor de 60 años; Establecer en los centros penitenciarios un registro que identifique las condiciones y necesidades específicas de atención para este grupo de población; Promover programas que eviten su discriminación, y prever los recursos presupuestales para la adecuación de infraestructura con base en estándares nacionales e internacionales que responda a las necesidades de las personas mayores.
