LONDRES, Inglaterra, octubre 5 (AP)
La Corte Suprema de Gran Bretaña rechazó este jueves la petición de un hombre con una enfermedad incurable para acabar con su vida con ayuda médica.
Tres jueces desestimaron la solicitud de eutanasia de Noel Conway, de 67 años, quien padece un trastorno de la neurona motora y los médicos le dan menos de seis meses de vida.
El paciente recurrió a la corte en julio, diciendo que la declaración de ilegalidad del suicidio asistido en Gran Bretaña es incompatible con la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Tras conocer el fallo, Conway dijo que estaba “profundamente decepcionado” y que apelará la decisión. Indicó que como ya no está lo suficientemente bien como para viajar al extranjero para recurrir al suicidio asistido en Suiza -el único país de Europa que ayuda legalmente a los extranjeros a acabar con sus vidas-, su única opción ahora era morir por asfixia, retirándose el respirador que lo asiste.
El Secretario de Justicia británico y varios grupos se opusieron a la solicitud de Conway de recibir ayuda para suicidarse y todos ellos hicieron presentaciones ante el tribunal. El abogado de Conway argumentó que su cliente intentaba retirar la prohibición de muerte asistida solo para una categoría muy selecta de personas: los adultos diagnosticados con una enfermedad terminal con menos de seis meses de vida.
Una demanda previa contra la ilegalización del suicidio asistido, solicitada por otro hombre, fue rechazada en 2014. La Corte Suprema dijo que el Parlamento debería debatir el asunto antes de tomar cualquier decisión legal.
La directora ejecutiva de la organización Dignity in Dying (Dignidad al Morir), Sarah Wootton, dijo que la ley propuesta en el caso de Conway se asemeja a la adoptada por varios estados de Estados Unidos, como Oregon, donde la muerte asistida es legal.
“Los moribundos de este país están siendo abandonados mientras el resto del mundo sigue adelante”, dijo en una declaración.
El Centro Jurídico Cristiano, sin embargo, dijo en un comunicado que tales casos no deben ser usados para presionar a los políticos del Reino Unido para que cambien la ley.
“La ley actual modera la justicia con misericordia y proporciona salvaguardias esenciales contra el abuso”, afirmó el grupo. “No debemos permitir que esas salvaguardas se vean socavadas”.
