PRETORIA, 13 Oct (Notimex).- El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, se dijo decepcionado este viernes por el fallo de la Corte Suprema de Apelaciones que rechazó su petición para pelear contra un caso de corrupción relacionado con un acuerdo de armas de 1999, por el cual ahora podrá ser procesado.
La oficina de la Presidencia sudafricana emitió un comunicado en el que el Zuma reaccionó a la decisión de la corte ante la cual había solicitado que anulara el fallo del Tribunal Supremo de Pretoria sobre la posibilidad de restituir 783 cargos de corrupción, fraude y lavado de dinero en su contra.
Los cargos habían sido puestos a un lado hace ocho años para permitir que Zuma se convirtiera en presidente del país, sin embargo el tribunal de Pretoria acordó en 2016 que los fiscales restituyeran las acusaciones contra el mandatario, quien siempre ha alegado su inocencia.
Zuma pidió el mes pasado a la Corte Suprema de Apelaciones que revocara el dictamen en Pretoria y le diera la oportunidad de reconsiderar las representaciones de su equipo legal antes de tomar una decisión acerca de procesarlo o no.
El juez Eric Leach, de la Corte Suprema de Apelaciones, afirmó este viernes que haber retirado los cargos de corrupción contra Zuma en 2009 fue una decisión “irracional”, por lo que el fallo del tribunal en Pretoria de restituir los cargos “no puede ser criticado”.
En su declaración, la Presidencia sudafricana señaló que “el efecto de la decisión tomada este viernes es procesar al presidente Zuma”, ya que ni siquiera fueron consideradas las representaciones del equipo legal, de acuerdo con reportes del periódico local Mail & Guardian.
Los cargos se refieren a la relación de Zuma con el empresario Shabir Shaik, quien fue juzgado y declarado culpable en 2005 de solicitar sobornos a una compañía francesa de armas “en beneficio de Zuma”.
Zuma y otros funcionarios del gobierno han sido acusados de tomar sobornos de la compra de aviones de combate, patrullas y otras armas. Los señalamientos se iniciaron contra el presidente sudafricano en 2005, pero fueron rechazadas por los fiscales en 2009.