Mauricio Zapata.-
Cd. Victoria, Tam.- La Cámara de Diputados pondrá más candados a entidades y municipios con mayor deuda, pero se flexibilizará a quienes tengan un manejo adecuado de la misma.
Y es que en la víspera, la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro avaló un dictamen con diversas reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios en materia de deuda.
De acuerdo con el diputado Miguel González Salum, estas modificaciones, en caso de que las apruebe el pleno, permitirá flexibilizar el marco normativo y dar un tratamiento distinto a los estados que están muy endeudados, en relación con entidades de deuda y éstas puedan acceder a diferentes tipos de financiamientos.
Explicó que el documento tiene como objetivo promover y garantizar la eficiencia operativa de los órdenes de gobierno locales, lograr mejores condiciones en la contratación de financiamiento y obligaciones, salvaguardar los principios en materia de transparencia, presupuesto y responsabilidad hacendaria, bajo criterios prudenciales que aseguren una gestión equilibrada de sus finanzas públicas.
Y es que, según el dictamen, se actualiza la ley para armonizar preceptos normativos con la realidad y necesidades de la Federación estados y municipios del país.
Es decir, establece que los estados deberán considerar lo señalado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para aprobar sus leyes de ingresos y presupuesto local, a fin de que no excedan los montos de los ingresos federalizados y puedan realizar una estimación con base en los Criterios Generales de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores.
Se considera necesario dar celeridad a la atención de la población afectada por desastres naturales, por lo que cuando el estado o municipio afronte los gastos con sus ingresos de libre disposición no se requiera realizar un análisis costo-beneficio, cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de dichas situaciones.
Además, se busca ampliar también el grado de maniobra en el uso de sus recursos excedentes, al establecer distintos porcentajes que deben destinarse a la amortización de la deuda, diferenciando por el nivel de endeudamiento y permitirles decidir el destino de los recursos derivados de ingresos de libre disposición, siempre que se clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al sistema de alertas; en este sentido, los estados podrán utilizar hasta cinco por ciento de los recursos para cubrir gasto corriente.
